Jueza pone coto temporal a las corporaciones privadas que detienen a familias refugiadas

Una jueza federal en Austin prohibió este miércoles que una agencia estatal diera licencia de “cuidado infantil” a lo que en realidad es un centro de detención, estilo cárcel, para migrantes en Dilley, Texas.

La orden de la jueza Karin Crump ofrece un triunfo temporal a activistas que buscan la liberación de madres refugiadas con sus hijos que están detenidas en dicho centro, el más grande del país, con capacidad para 2400 personas.

Esto no cambia por el momento la situación de las más de mil madres centroamericanas con hijos que están en Dilley ni de las que están detenidas en otro centro similar en Karnes, Texas.

Sin embargo, el proceso legal podría tener un efecto en el futuro, explica Bob Libal, director de la organización Grassroots Leadership, grupo no lucrativo que pidió la orden judicial.

“Es una prohibición temporal pero habrá otra audiencia en la que seguiremos cuestionando la autoridad del estado para dar estas licencias”, dijo Libal. “Estos no son lugares de cuidado infantil, son cárceles”.

En su acción legal, el grupo argumentó que el Departamento de Servicios de Protección a la Familia (DFPS) de Texas no tiene autoridad legal para regular prisiones como si la tiene para otorgar licencias a centros de cuidado infantil.

Grassroots Leadership argumenta que estos centros de detención en Dilley y Karnes, ambos propiedad y manejados por compañías privadas bajo contrato con el gobierno federal, no son lugares adecuados para tener a menores de edad.

Pero en el fondo de todo está esto: las empresas GEO group y Corrections Corporation of America CCA, dueñas y administradoras de Karnes y Dilley, están buscando preservar el negocio redondo que tienen con el gobierno federal, por el que ganan millones de dólares anualmente para detener a las familias detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional DHS en la frontera.

Buscan evadir orden de otra jueza

Los activistas no son los únicos que están de acuerdo en que estos centros no son adecuados para encerrar a menores de edad: una jueza federal lo dictó así el año pasado, dictaminando que los menores no deben estar encerrados en centros “cerrados y sin licencia”.

Esa jueza, Dolly Gee, de Los Angeles dictaminó el año pasado que la política del gobierno de detener a estos menores viola un acuerdo legal en el caso Flores v Meese de 1997, que estableció estándares mínimos para la detención, liberación y trato de menores de edad en manos de las autoridades migratorias.

En su orden, la jueza Gee especificó que, según Flores, los menores no pueden ser detenidos en centros “sin licencia y que son cerrados o seguros (estilo cárcel)”.

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A raíz de ello, las compañías GEO Group y CCS han estado buscando la licencia del estado de Texas.

Por su parte, el gobierno federal apeló la decisión de Gee, y sigue deteniendo a cientos de mujeres con sus hijos en Karnes, Dilley, y un tercer centro en Berks County, Pennsylvania.

En junio hay una audiencia sobre la apelación en Los Angeles.

Entretanto, los directivos de GEO y CCS se han congratulado con sus socios por su éxito en aumentar las ganancias de ambas empresas, que manejan numerosas cárceles privadas para el gobierno federal y otras instituciones.

Por ejemplo, el pasado 4 de Mayo, CCS reportó a sus socios que sus ganancias mejoraron 5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, “gracias a la gran demanda por parte de nuestros socios federales, particularmente el Departamento de Seguridad Nacional”.

Los dos precandidatos presidenciales demócratas han dicho que eliminarán las cárceles privadas del negocio de detener inmigrantes, pero no han dado detalles de cómo llevarán a cabo el cambio y si seguirán deteniendo a estas refugiadas.