Acusan a gobierno de desafiar orden de liberar a menores que piden asilo
Abogados del caso Flores presentaron una moción ante la jueza federal Dolly Gee, pidiéndole que obligue al gobierno a cumplir el acuerdo y una orden judicial que ella dio en agosto del pasado año de liberar a los menores con sus madres mientras esperan sus casos de asilo.
El bebé fue encerrado durante 85 días en un albergue en Los Fresnos, Texas Crédito: Archivo | Getty Images
Abogados que el año pasado “ganaron” el caso contra la detención de menores con sus madres por parte de ICE, acudieron esta semana al tribunal federal acusando al gobierno de Barack Obama de “actitud despreciativa hacia la orden judicial”, de negarse a liberar a los niños como lo ordenó el tribunal y de mantener a las familias en condiciones deplorables descritas en cientos de páginas de declaraciones juradas obtenidas por La Opinión.
La moción pide a la juez federal Dolly Gee que ordene al gobierno a cumplir la orden que ella dio el pasado mes de Agosto de liberar a los menores y sus madres o familiares mientras esperan sus casos de asilo y a nombrar a un monitor oficial que se asegure de ello. La mayoría son provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
“El gobierno federal continúa deteniendo a menores en condiciones deplorables y poco sanitarias, en violación del acuerdo judicial Flores y de las órdenes de esta corte”, reza el documento presentado por abogados, encabezados por Peter Schey y Carlos Holguín, del Centro de Ley Constitucional de Los Ángeles.
Schey y Holguín son los abogados originales del caso Flores, litigado en los años noventa y cuyo acuerdo en 1997, entre otras cosas prohíbe al gobierno federal la detención de migrantes menores de edad en centros similares a cárceles y además, sin licencia para cuidado infantil.
En Agosto del año pasado, la jueza federal Dolly Gee dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no debía continuar deteniendo a menores de edad mientras estos esperan sus casos de asilo con sus madres o padres durante más de 21 días y ordenó su liberación antes de octubre, permitiendo “extraordinarias excepciones”.
Nueve meses después, el gobierno de Barack Obama continúa deteniendo a por lo menos 2000 “entidades familiares” (así las llaman), que en la mayoría de los casos, incluye a madres y sus hijos que van desde adolescentes a bebés, muchos de ellos durante varios meses.
El gobierno está apelando la decisión de Gee a la corte de apelaciones, ya que aseguran que el acuerdo Flores no debe incluir a menores que llegan por la frontera acompañados, sino solamente a los que vienen solos.
ICE asegura además que está cumpliendo con la orden de la jueza de liberar a las familias con mayor rapidez.
Abogados de organizaciones que trabajan con las familias en los centros de detención constantemente reportan irregularidades en dichos centros, como la falta de cuidado médico adecuado y de acceso a las charlas e información sobre servicios legales.
Alegan malas condiciones
No obstante, lo peor son las condiciones de los lugares de detención, incluyendo las celdas de CBP en la frontera y la detención prolongada en los centros residenciales en Karnes City y Dilley, en Texas, y en Berks County, Pennsylvania, donde no siempre tienen acceso a cuidado médico o a información sobre derechos legales, según describen los abogados.
El documento presentado por los abogados en corte esta semana, contiene página tras página de escalofriantes descripciones, obtenidas por Schey, Holguín y otros abogados al visitar los centros de CBP en la frontera, el primer lugar donde las familias detenidas pasan entre dos y cuatro días antes de ser transferidos a Karnes, Dilley o Berks.
El documento señala que entre octubre y diciembre de 2015, CARA Project (abogados que ofrecen apoyo legal financiado por organizaciones no lucrativas) hizo 228 entrevistas a individuos que recientemente estuvieron en esos centros de CBP y “prácticamente todo experimentaron condiciones abismales”.
“Detención entre una y tres noches en celdas congeladas, no disponibilidad de ropas secas, celdas hacinadas, no cobijas, no espacio para dormir, luces brillantes día y noche, una taza para compartir entre 30 y 40 personas, no jabón o toallas de papel para lavarse las manos, falta de privacidad en uso de baños y baños sucios, no acceso a tratamiento médico o a información sobre los derechos de los detenidos, abuso verbal por parte de algunos agentes….”, reportaron los abogados en diversos documentos.
En estas celdas pasan las primeras noches y luego son trasladados a Karnes, Dilley o Berks, donde las condiciones son mejores pero siguen problemas para tener acceso a medicinas, agua potable y limitada o ninguna información sobre derechos legales, argumentan.
