Niños afrontan con angustia su audiencia final ante un juez de inmigración
Una corte tiene en sus manos el futuro de dos pequeños guatemaltecos que llegaron hace dos años a Los Ángeles
Elba Marroquin (i) y sus hijos Angel (d) y Dulce (c) esperan la audiencia final en una corte de inmigración. Crédito: Felipe Chacon | EFE
A su corta edad, el guatemalteco Ángel Rosales, de 12 años, y su hermana Dulce, de 9, sienten que el tiempo se les acaba. El próximo día 15 tendrán la audiencia definitiva frente a un juez de inmigración que definirá si son deportados, y las estadísticas les hacen temer lo peor.
“Me siento muy nerviosa, a veces oro antes de dormirme porque me siento muy tensa cuando voy con el juez”, relató Dulce. Los niños lo dicen:
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Aunque el panorama no es esperanzador, Fernando Romo, abogado de los niños, aseguró que los Rosales lograron tener algunas ventajas sobre otros menores no acompañados que ingresaron al país.
Ángel y Dulce tienen representación legal pro bono desde su primera corte, y llevan 18 meses en el proceso.
Miles de menores no tienen las mismas oportunidades. Según estadísticas de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), a fecha del pasado 23 de febrero, 10,639 menores recibieron ordenes de deportación y de ellos 9,350 estaban ausentes cuanto se dictó la sentencia.
“La prioridad que se le está dando a estos casos hará que los tiempos en corte sean más limitados. Esperamos una avalancha de audiencias finales y los perjudicados serán los niños”, advirtió Romo, miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
La zozobra de la pequeña comenzó cuando apenas tenía un año. Sus padres la dejaron al cuidado de su abuela en Chimaltenango, Guatemala.
Por seis años, Dulce y su hermano, vieron pasar el calendario para poderse reunir con sus padres en Estados Unidos.
Cuando por fin parecía que la fecha del encuentro había llegado, la Patrulla Fronteriza los detuvo en junio del 2014.
Aunque pudieron reunirse con sus padres un mes después en Rialto (California), el sistema migratorio los puso nuevamente en una carrera contra el tiempo.
“Ellos preguntan: ‘¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a detener? ¿Nos van a agarrar ahí mismo? ¿Qué es lo que va a pasar?” explica Elba Marroquín, madre de los pequeños.
El reloj no sólo corre para los Rosales, miles de niños centroamericanos que llegaron en los últimos dos años son una prioridad para las autoridades migratorias que, con ellos, quieren mandar un mensaje a aquellos que, en sus países de origen, se plantean la aventura de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos.
Según los datos de EOIR, desde el 18 de julio de 2014 al pasado 23 de febrero se han identificado 55,791 casos de niños no acompañados.
De ellos, 45,961 llegaron a las cortes y más de la mitad (23.574) ya terminaron el proceso, y a tan solo 56 menores se les concedió oficialmente un alivio garantizado.
“Pienso que tal vez en ese momento nos pueden detener y mandarnos para Guatemala”, dijo Ángel, que cursa sexto grado en una escuela intermedia.
El menor está asustado, su madre tuvo que contarle a todo lo que se va a enfrentar. “Es difícil no hacerle daño a tu hijo explicándole todo lo que está viviendo”, reflexionó Marroquín.
De acuerdo al abogado de los niños, uno de los mayores obstáculos ha sido conseguir las pruebas para demostrar que los menores corren un verdadero peligro si son deportados, pues los menores vivieron de cerca la muerte de un primo quién fue asesinado con 15 años por rechazar formar parte de las pandillas.
La edad de los pequeños también pesa en su contra, los testimonios que tienen que brindar a la fiscalía y el juez podrían no ser tan contundentes.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ), Dana Leigh Marks, la decisión de pasar al frente de la agenda de las cortes a los menores no acompañados afectó el control de los jueces sobre los casos y la economía procesal que se debe aplicar.
Las prioridades en las cortes y las decisiones de los jueces hacen vislumbrar una crisis en la corte de apelaciones, como en el caso de los Rosales, que Romo está dispuesto a pelear hasta las últimas instancias.
“Si la juez determina que no hay suficiente evidencia entonces se va a hacer una apelación, que dura de otros seis meses a un año”, vaticinó.
En los últimos días, Dulce ha estado pensando en la tristeza que sentirá si el juez niega su asilo, mientras a su hermano le angustia perder la oportunidad de estudiar y pertenecer al Ejército de Estados Unidos.
Ambos quieren hacerle una petición a la jueza este 15 de abril: “Por favor déjenos, queremos lograr nuestros sueños de estar con nuestra familia y lograr lo que queremos en el futuro”
