Angelinos rechazan el cierre de tribunales (fotos)
Decenas de trabajadores protestaron en el centro de Los Ángeles porque las autoridades han decidido cortar servicios y eliminar 10 tribunales
Decenas de personas protestaron por la decisión de eliminar servicios en las cortes y tribunales de Los Ángeles.
Sindicatos y activistas comunitarios protestaron por el cierre de cortes y la eliminación de servicios legales. Aseguraron que esta decisión tendrá serias repercusiones en los usuarios.
Trabajadores protestan por el cierre de tribunales en Los Ángeles.
El cierre de tribunales se debe a recortes en el presupuesto de Los Ángeles.
Trabajadores de los tribunales de Los Ángeles rechazan el cierre de las cortes.
Muchos trabajadores de los tribunales de Los Ángeles pueden perder sus empleos con los recortes que se avecinan.
Este panorama fue dibujado ayer en el Centro Cívico de la ciudad, hasta donde se movilizaron decenas de trabajadores sindicalizados y grupos que protestaron y demandaron al Tribunal Superior del condado y al estado de California por el cierre de diez tribunales y otras medidas que pretenden resolver un déficit de 56 a 85 millones de dólares en el siguiente ciclo fiscal.
Primero, una coalición integrada por la Fundación Legal Aid y otras agrupaciones interpuso una demanda por los cambios que dichos recortes presupuestarios propiciarán en casos de desalojos. Y es que desde el lunes 18 de marzo estos procesos sólo serán escuchados en los juzgados de Pasadena, Long Beach, Santa Mónica, Lancaster y el centro de Los Ángeles.
Una de las principales quejas es que los interesados deberán transportarse a decenas de millas de sus hogares para defender sus quejas, creando serias dificultades para familias pobres y discapacitados.
"Las personas tendrán que viajar por 45 minutos, tres horas, cuatro horas para ir a los tribunales. ¿Es eso justicia?", exclamó David Green, un trabajador social del condado. "Esto afecta a las personas con capacidades distintas, a la clase trabajadora, a la clase media, a los pobres, a todos", recalcó.
Ayer, otra manifestación se realizó frente al tribunal Stanley Mosk, donde el colectivo "Salvemos las cortes" protestó por lo que consideró "lo más estúpido que jamás ha hecho el gobierno".
Simbólicamente presentaron "cargos" en contra del tribunal por crear dicha estrategia en la "oscuridad" y sin consultar al público, centralizar los servicios triplicando la carga laboral y despedir a empleados cuando los jueces reciben aumentos.
Ahí mismo se dio un veredicto: "¡Culpables! ¡Culpables!", gritaron los presentes.
"Dicen que lo han hecho para cerrar un multimillonario hueco fiscal pero han olvidado a la gente, a la comunidad", dijo Arnela Sims, quien trabaja como secretaria del Tribunal Superior desde hace 36 años.
Si se aplican los tijeretazos, el sistema judicial angelino perderá unos 237 trabajadores, que se sumarían a los 1,000 despidos que se han efectuado en los últimos seis años.
El resultado: la espera en los asuntos de tráfico se ha triplicado de tres a nueve meses, hay filas más largas para pagar multas y se deben recorrer distancias más grandes para llegar a los juzgados.
Sus críticos pronostican peores cosas: que los más pobres lidien con cobros injustos, decomisos de coches, puntos negativos en licencias de manejo o incluso con órdenes de arresto.
"Yo tuve que perder un día en el trabajo por venir a pagar una infracción de tránsito. ¿En qué país vivimos ahora?", reclamaba ayer Osiris Balbuena, residente del Sur de Los Ángeles.
Desde el pasado lunes se aplica otra reducción presupuestaria: el cierre paulatino del Departamento de Resolución Alterna de Disputas (ADR), que ofrece mediación en casos civiles por un valor de hasta 25,000 dólares. Se estima que ello enviará unos 13,000 procesos adicionales a las ya saturadas cortes.
Esta semana, la fiscal del condado Jackie Lacey alertó que tales cierres restringirán el acceso a la justicia, retrasarán juicios, desalentarán a testigos y darán lugar a sentencias más cortas contra los criminales.
Funcionarios de la Corte han dicho que la crisis fiscal del estado los ha orillado a reducir y centralizar servicios, y adelgazar sus nóminas. "La comunidad ha sido impactada de distintas maneras", indicó Mary Hearn, vocera del organismo.
El pliego petitorio de la coalición "Salvemos las Cortes" es detener los cierres, realizar reuniones públicas y que se presenten otras alternativas para equilibrar el déficit. "Necesitamos que estos jueces escuchen a la gente", señaló el dirigente sindical Bob Schoonover.
