Inmigrantes ocupan oficina de gobernador de California

Inmigrantes y dreamers se mantuvieron por horas en la oficina de Brown, en un acto de desobediencia civil para obtener una entrevista con el gobernador de California y pedirle que firme el Acta de Confianza

Una ruidosa manifestación para presionar por el Acta de Confianza se llevó acabo fuera de las oficinas del gobernador Jerry Brown.

Una ruidosa manifestación para presionar por el Acta de Confianza se llevó acabo fuera de las oficinas del gobernador Jerry Brown.

Foto: Araceli Martínez/La Opinión
PUBLICADO: EST Jul 2, 2013 11:28 pm EST

SACRAMENTO.- Una docena de estudiantes soñadores e inmigrantes indocumentados mantuvieron durante horas un acto de desobediencia civil en las propias oficinas del gobernador Jerry Brown para presionarlo por la firma del Acta de Confianza, una medida que pondría fin a la colaboración de las policías locales con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Después de más de cinco horas, sin comer, ir al sanitario y tomar agua, la mayor parte de los inmigrantes abandonaron las oficinas sin conseguir hablar directamente con el gobernante, y sin ser arrestados por la policía.

"Necesitan oirnos. Venimos desde de San Diego, recorriendo todos los condados, protestando y pidiendo que la policía pare de trabajar con migración", coincidieron en decir Hugo González e Isai Tirado al abandonar la oficina del gobernador y poner fin el acto de desobediencia civil.

Ambos fueron parte de una caravana que recorrió todo el estado desde San Diego y llegó hoy a Sacramento para apoyar el Acta de Confianza.

El AB4 conocido como Acta de Confianza es un proyecto de ley del asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano que busca evitar que las policías locales y de los condados colaboren con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en el resguardo de inmigrantes que no tienen delitos serios.

Fue al filo del mediodía cuando una docena de dreamers prácticamente burlaron al oficial de la Patrulla de Caminos que vigilaba la entrada de acceso a las oficinas del gobernador Jerry Brown, y se metieron a la recepción, exigiendo hablar con el mandatario.

"Fingimos que queríamos tomarnos una foto con el oficial, y en un descuido nos metimos como doce", dijo Blanca Vázquez quien vino desde el área de la Bahía a participar en el acto de desobediencia civil.

"Todo lo que queremos es una entrevista con el gobernador para que escuche los testimonios de las personas y familias que han sido afectadas con el programa Comunidades Seguras que a diario causa la deportación de mil personas", dijo Vázquez.

La oficina del gobernador les ofreció una entrevista el próximo miércoles con un ayudante del mandatario, de alto rango, pero los dreamers permanecieron horas, insistiendo en ver al gobernador.

"Así como ha escuchado y se ha sentado con los que se oponen al Acta de Confianza como los sheriffs y con John Morton, director del ICE, queremos que se siente con nosotros y nos escuche", comentó Jon Rodney del Centro de Políticas de los Inmigrantes de California.

Evan Westrup, portavoz del gobernador sólo respondió que trabajan constructivamente con el autor de la medida y otros interesados en lo que llamaron "un importante proyecto de ley".

La docena de estudiantes que prácticamente tomaron la recepción de la oficina del gobernador, se mantuvieron firmes en no salirse de ahí hasta que cerraran el Capitolio.

Casi a las siete de la tarde, lograron un arreglo con los oficiales de la Patrulla de Caminos para salir por su propio pie sin ser arrestados, aunque algunos se llevaron infracciones.

El acceso fue negado a los reporteros y la puerta a la oficina del gobernador fue fuertemente custodiado por cuatro agentes de la Policía de Caminos, la institución encargada de la seguridad del Capitolio y el Gobernador.

Ayer mismo, el Acta de Confianza fue aprobada cuatro votos a favor y dos en contra en el Comité de Seguridad Pública del Senado. De ahí pasará a ser votada en el pleno del Senado.

A la medida se oponen la Asociación de Alguaciles del Estado y la Asociación de Fiscales del Estado. El mayor argumento es que se contradice con las leyes federales.

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