Brown veta Acta de Confianza; firma licencias de manejo a soñadores
El Acta de Confianza se suponía el fin de deportaciones injustas
Gil Cedillo estaba confiado en la aprobación.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión
PUBLICADO: Oct, 1, 2012 12:00 am EST
Oct 1, 2012 12:00 am EST
Cuando faltaban menos de tres horas para vencerse el plazo para que el gobernador firmara o vetara las propuestas de ley que le enviaron los legisladores este año, Brown hizo ley la medida SB 2189, planteada por el asambleísta demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo, para dar licencias a los soñadores que se benefician de la Acción Diferida anunciada por el presidente Obama en junio pasado.
Cedillo quien había pronosticado que su medida sería convertida en ley por el gobernador Brown el domingo por la tarde no dejó de acudir a un servicio religioso en la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles en Placita Olvera Al salir dijo a La Opiníon que si el gobernador le firmaba su propuesta sería una gran satisfacción porque había sido su proyecto por 15 años. "Mi esposa y madre (ambas fallecidas) siempre me alentaron y me apoyaron para que no perdiera las esperanzas y siguiera luchando", dijo.
Pero la alegría provocada por las licencias de manejo fue opacada cuando se corrió la voz de que el gobernador Jerry Brown vetó el Acta de Confianza, que buscaba prohibir que las cárceles locales colaboraran con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) al mantener bajo custodia a inmigrantes que no tienen delitos. "El veto del Acta de Confianza causará una desilusión profunda y generalizada entre los inmigrantes y sus familias a lo largo del estado entre los inmigrantes y sus familias", dijo Reshma Shamasunder, directora del Centro de Políticas para los Inmigrantes de California al enterarse de la noticia.
Por su parte, Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros comentó, mediante un comunicado que el gobernador les falló a las comunidades de los inmigrantes, "pone en peligro los derechos civiles y los deja menos seguros".
En su veto, el gobernador argumentó que la medida contenía muchas fallas. "Por ejemplo, hubiera prohibido la cooperación local aún en casos de personas condenadas por crímenes que involucran abuso contra los niños, tráfico de drogas, venta de armas y el uso de niños para vender drogas o ser parte de las pandillas", expuso.
En California han sido deportado 80,000 inmigrantes detenidos bajo el programa Comunidades Seguras, el programa que pretendía detener el Acta de Confianza.
Brown también vetó un proyecto ampliamente cabildeado por años, la AB889 que buscaba garantizar derechos laborales básicos como tiempo extra, vacaciones y periodos de tiempo para comer y relajarse a las nanas, trabajadoras de casa, y a quienes cuidan ancianos y viven dentro del hogar de sus patrones.
En su veto, el gobernador planteó una seria de preguntas que deben ser contestadas por el Departamento de Relaciones Industriales, tales como cuál sería el costo humano y económico para las familias de las personas ancianas y discapacitadas al requerirles pagar horas extras, y periodos para descansar y comer.
Rechazó asimismo hacer ley dos medidas que habrían permitido demandar y mandar a la cárcel a los agricultores y rancheros que no dieran agua y sombra a los trabajadores del campo.
Pese a estos vetos, el gobernador dio una buena noticia a la comunidad inmigrante al convertir en ley, la SB1064 del senador demócrata de Los Ángeles, Kevin de León, la cual nació a raíz de la tragedia que dejaron las deportaciones masivas ejecutadas en la administración Obama, al separar a miles de niños de sus padres y enviarlos a hogares de crianza o a la adopción.
"Es un gran día para las familias. El gobernador firmó mi SB1064 para asegurar que los niños no sean separados de las familias", dijo el senador De León en un 'tuit; en el que dio la buena nueva.
Básicamente la nueva ley prohíbe que se considere el estatus migratorio de los familiares para entregar en custodia a un niño de padres deportados.
Al mismo tiempo permitirá que se use el pasaporte y otros documentos de identificación autorizados por los consulados de otros países en Estados Unidos como base para conducir una revisión de los antecedentes penales o criminales de los potenciales guardianes de los menores.
"Es un paso gigante no sólo a nivel estatal sino nacional que le dará a los condados de California una guía uniforme de qué hacer cuando los niños de padres deportados tengan familiares sin papeles", dijo Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).
De acuerdo al reporte Familias Destrozadas del Centro de Investigación Aplicada, en el país, hay al menos 5,100 niños que actualmente viven en hogares de crianza a quienes se les previene de unirse a sus padres deportados o detenidos.
Según un análisis del Senado estatal, en California hay cerca de 875 niños separados de sus padres a través de la deportación, que han sido puestos en hogares de crianza.
El mandatario de California también hizo legislación una medida que complementa la ley de De León. La AB21015 de la asambleísta demócrata Holly Mitchell de Los Ángeles que obligará a la policía a preguntar al arrestado, a no más tardar en las siguientes tres horas de la detención, si es un padre en custodia de un menor de edad.
De ser así, se le permitirá hacer dos llamadas telefónicas para resolver quién se quedara al cuidado de su hijo. Este derecho deberá cumplirse independientemente del estatus migratorio del arrestado.
Brown firmó en ley, otra medida largamente esperada, la AB1855 de la asambleísta demócrata de Pomona, Norma Torres, que permite que los trabajadores de las bodegas reciban las mismas protecciones laborales que el resto de los empleados de las industrias. Esta ley pondría fin a los abusos que se comenten contra miles de trabajadores de las bodegas de Inland-Empire en el área de Los Ángeles y que en su mayoría son latinos.
