Fiscalía de Los Ángeles demanda a US Bank
El banco intimidó a sus moradores incluso con la deportación, denunció el procurador municipal Carmen Trutanich.
Foto: AP
La Fiscalía de Los Ángeles interpuso el lunes una demanda civil contra US Bank, el quinto banco más grande del país, exigiéndole que se haga cargo del mantenimiento de 170 casas abandonadas en esta ciudad, restituya al Ayuntamiento un millón de dólares por multas y servicios públicos, detenga los desalojos ilegales y compense a las víctimas de estas acciones.
"Han intimidado a las personas para que salgan de las viviendas, amenazándolas con la deportación y una vez que la propiedad está vacante la vuelven a poner en el mercado y, en el intermedio, éstas se deterioran", señaló Trutanich en una conferencia de prensa.
"Es algo que debe parar. Estos bancos deben hacer lo correcto", recalcó el funcionario.
La demanda alega que US Bank cometió violaciones federales, estatales y municipales al dejar las propiedades a su suerte, permitir actividades criminales en su interior, incurrir en desalojos ilegales de cientos de familias de bajos ingresos y propiciar la devaluación de las viviendas circunvecinas.
"Falló en cumplir con obligaciones básicas como propietario de vivienda", expresó el procurador.
Para concretar las ejecuciones hipotecarias, el banco usó a abogados y agentes de bienes raíces como intermediarios, para pedir a los moradores que salieran de las viviendas en poco tiempo a cambio de una pequeña cantidad de dinero, causando o permitiendo la cancelación de servicios básicos o elevando sin justificación las tarifas de alquiler, denuncia la fiscalía local.
"El otro asunto son las víctimas que viven en estas propiedades, porque cuando los bancos aplican los embargos, no es culpa de ellos", dijo Amos Hartston, director de servicios legales de Inner City Law Center.
En los últimos cuatro años, US Bank, que reportó un incremento del 28% en sus ingresos netos en el primer trimestre de 2012, adquirió más de 1,500 casas en Los Ángeles por medio de los embargos.
Y es que la institución afirma que no es dueña de las 170 casas en cuestión, por lo cual no tiene conexión directa ni con el mantenimiento de éstas, ni con los desalojos de sus habitantes.



















