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Este es el segundo año de una sesión de dos años. Generalmente se tratan unos cuantos cientos de proyectos de ley menos que durante el primer año.
El año pasado, los legisladores presentaron 2,381 proyectos de ley y enviaron 870 de ellos al gobernador, que promulgó 774 con su firma. En el año 2010, los legisladores consideraron 1,871 proyectos de ley y enviaron 1,029 de ellos al gobernador, de los cuales 722 se convirtieron en ley.
Los legisladores ya se enfrentaron a otra fecha límite a finales de enero, cuando las leyes presentadas el año pasado debieron enviarse a la cámara donde se habían originado. Los proyectos de ley presentados este año deberán pasar por meses de audiencias en los comités antes del receso de la Asamblea Legislativa programado para el 31 de agosto.
El proyecto de ley de Torres, demócrata de Pomona, ya está generando polémica.
Torres señaló en una entrevista que su intención es solamente evitar la divulgación de afecciones médicas, pero su proyecto de ley que consta de una oración incluye una segunda restricción.
Afirma que, "Sin perjuicio de las demás leyes, una entidad pública no divulgará ninguna porción de una llamada telefónica al servicio de emergencia 911 en la que se brinde información médica o personal".
Su portavoz, Catalina Martínez, señaló que Torres piensa acotar más la interpretación. "Número de Seguro Social, dirección del hogar, ese tipo de información personal. Ese es nuestro objetivo. Es parte del mismo concepto".
Los críticos de la ley afirman que las leyes federales y estatales ya ofrecen suficiente protección.
Los medios de comunicación generalmente obtienen copias de las cintas grabadas de los servicios de emergencia conforme a la Ley de Registros Públicos de California. La ley ya permite a las entidades retener información "médica o personal, que en caso de ser divulgada tendría como resultado una invasión a la privacidad innecesaria", señaló Jim Ewert, asesor general de la Asociación de Directores de Periódicos de California.
Queda a criterio de cada entidad determinar cuál es la información a retener.
En el caso de Moore, los bomberos de Los Ángeles, que actuaron según el asesoramiento de la procuraduría de la ciudad, citaron las reglas federales en cuanto a la privacidad de la información médica al redactar los detalles sobre la condición médica de la actriz y las sustancias que los testigos afirman que Moore pudo haber ingerido o fumado. Los encargados de la relación con los medios de Moore no respondieron los pedidos para obtener sus comentarios sobre el proyecto de ley de Torres.
Hacer que el contenido de las llamadas telefónicas de emergencia sea público es una forma de garantizar que los operadores, la policía y los miembros del equipo de rescate estén haciendo su trabajo correctamente, señaló Mark Powers, vicepresidente de la Asociación de Radio y Televisión de California.
Las personas pueden dudar antes de llamar al 911 si consideran que existe la posibilidad de que sus conversaciones se hagan públicas, señaló Peter Scheer, director ejecutivo de la Coalición de la Primera Enmienda. Pero dijo que establecer más restricciones a las ya existentes podría descompensar demasiado el equilibrio establecido al limitar el derecho del público a saber cómo responden los funcionarios del servicio de emergencia.
Torres señaló que no desea limitar el acceso del público, solo los detalles personales.
"Si está teniendo una sobredosis con drogas, eso se divulga. Pero los síntomas que padece como resultado de la sobredosis, eso no le incumbe al público", dijo.
Torres afirmó que sus experiencias como operadora bilingüe habían afectado su forma de pensar. En el año 1995, tuvo que escuchar sin poder hacer nada mientras una niña de 11 años era asesinada al otro extremo del teléfono.
"Fui su único testigo", dijo Torres. "Oí los golpes que le daban en la cabeza; oí como rogaba por su vida; oí los cinco tiros que pusieron fin a su vida".
Esta grabación no se divulgó al público, conforme a las leyes vigentes, dijo, excepto cuando se presentó ante el tribunal.



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