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Un legislador de California impulsa una iniciativa de ley que busca revitalizar la golpeada economía estatal, entre otros puntos, a través de un programa de trabajadores temporales para la agricultura y los servicios.
El asambleísta Manuel Pérez, demócrata de Coachella, anunció un proyecto de ley que crearía un programa de trabajadores temporales para beneficiar a jornaleros agrícolas y de servicios actualmente indocumentados.
Este programa, parte de tres proyectos de ley para estabilizar la economía de California, busca una solución regional para las leyes de inmigración.
Pérez dijo que estabilizar la oferta de trabajo para el sector agrícola estatal y dar seguridad a familias de inmigrantes es la base de su "Acta para los Trabajos Agrícolas y Estabilización de la Industria".
"No podemos esperar más, sé que es un tema controvertido pero creo que el presidente (Barack) Obama podría como mínimo apoyar estas medidas y tengo confianza en que las escuchará", dijo el legislador, quien reconoce que la aplicación de leyes de inmigración sigue siendo responsabilidad del Gobierno federal.
La iniciativa se une a una serie de propuestas presentadas por legisladores estatales que buscan crear un ambiente favorable para trabajadores indocumentados en el estado, en contraposición con estados como Arizona, Alabama y Georgia donde se enfrentan a un contexto legal hostil.
En enero pasado, el asambleísta demócrata Felipe Fuentes presentó una propuesta para un referendo que permita al menos a un millón de inmigrantes indocumentados entrar en una categoría de baja prioridad para deportaciones si cumplen ciertos requisitos.
Tanto las propuestas de Fuentes como de Pérez proponen que los indocumentados cumplan con requisitos basados en legislación aprobada por republicanos, en el primer caso por la ley de inmigración bipartidista aprobada en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan y en el segundo por un programa de trabajadores temporales aprobado en Utah por la legislatura de mayoría republicana.
La propuesta, de acuerdo con Pérez, busca intensificar el debate sobre los beneficios de la inmigración indocumentada, la cual en el estado también se enfrenta a críticos como el asambleísta Tim Donnelly, quien en enero vio fracasar una iniciativa que hubiese forzado un referendo sobre la versión estatal del Dream Act, que permite a estudiantes indocumentados tener acceso a la educación superior en California.
De acuerdo con el Centro Hispano Pew, hay cerca de 2.55 millones de trabajadores indocumentados en California.
A fin de beneficiarse del programa, los inmigrantes "deberán de aprobar un examen de antecedentes criminales, comprobar que han estado trabajando en EE.UU por años, aprobar un examen de inglés o comprobar que están aprendiendo este idioma, y pagar una cuota", señaló Pérez.
Los mismos requisitos deberán de ser aprobados en el caso de la familia inmediata del trabajador beneficiado a fin de acogerse al programa, en tanto que los fondos que se deriven serán utilizados para financiar estudios sobre el impacto de este programa en los trabajos de ciudadanos estadounidenses.
A fin de recabar apoyo para su propuesta, que presentará ante la legislatura próximamente, Pérez dijo que se ha reunido con sus colegas legisladores y que tiene planes de presentarla al líder de la mayoría, John A. Pérez, además de la fiscal estatal, Kamala Harris, y el gobernador Jerry Brown.
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