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Charlotte, Carolina del Norte.- La Corte Suprema de Tennessee escuchará los argumentos de una demanda que cuestiona la autoridad de una agencia del orden local para aplicar el programa 287g que determina el estatus migratorio de los detenidos.
Según reportó ayer el periódico "The Tennessean", el abogado Elliott Ozment demandó en enero de 2011 en nombre de varios inmigrantes afectados por el acuerdo entre la oficina del alguacil del condado Davidson y la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE).
Según Ozment, el programa 287g viola una disposición vigente desde 1963 conocida como "Metro Charter", que quita la mayoría de los poderes a la oficina del alguacil de Davidson y le otorga sólo el control de la cárcel de Nashville, capital del estado.
Hace 50 años, la ciudad de Nashville y el condado Davidson se consolidaron y formaron un solo cuerpo de gobierno cuyas decisiones son tomadas por el Consejo Metropolitano.
Asimismo, la decisión en 1964 de la Corte Suprema de Tennessee otorga exclusivamente al Departamento de Policía del área Metropolitana de Nashville la tarea de hacer cumplir las leyes en las calles de la ciudad.
El 287g se aplica en Nashville desde abril de 2007 y desde ese tiempo ha recibido muchas críticas de los defensores de los inmigrantes "sin papeles" que argumentan que no ha sido utilizado para identificar a criminales peligrosos sino para poner en proceso de deportación a indocumentados sin antecedentes penales.
"Creo que ha sido lo mejor que puede pasar en este caso, que la máxima corte del estado tome cartas en el asunto, nos va a ahorrar tiempo y años en apelaciones", declaró Ozment al periódico.
El mismo abogado interpuso otra acción legal contra la Comisión de Entrenamiento y Normas de los Agentes Carcelarios (POST), que regula a las agencias del orden público del estado, sobre su decisión de aprobar una medida que obliga a todas las cárceles del estado a cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.
El pasado 13 de enero, POST decidió eliminar la controvertido política, que exigía a los carceleros preguntar a los detenidos si eran ciudadanos estadounidenses y dónde habían nacido.
La comisión enfatizó que había cambiado de opinión en parte porque ahora los centros de detención utilizarán el programa Comunidades Seguras.
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