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REPORTAJE
Detrás del telón político, las compañías de grúas encargadas de remolcar y almacenar los vehículos incautados por el gobierno de Los Ángeles están utilizando sus influencias para impedir que, por un cambio de protocolo en la Policía, los indocumentados manejen libremente en esta ciudad.
Beneficiadas económicamente por los miles de autos de personas sin licencia que cada año terminan en sus depósitos, la asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG), integrada por las 18 empresas de grúas que proveen sus servicios al municipio, no ha dejado de usar su poder para derrotar tal iniciativa.
Más allá de los 305,000 dólares que han donado a las campañas políticas en Los Ángeles desde 1998 y del dinero que reparten en eventos caritativos de la Policía, estas gozan de vínculos con el Ayuntamiento, algo que, denuncia la Liga Nacional de Abogados (NLG), podría definir el rumbo de una propuesta que cancelaría la confiscación de coches por 30 días.
Uno de sus lazos más fuertes sería el concejal Mitchell Englander, presidente del Comité de Seguridad Pública del Cabildo, el segundo filtro por el cual pasará el cambio de norma. La firma de su tío, Harvey Englander (Englander, Knabe & Allen) realiza actividades de cabildeo para la OPG desde 2010.
Esa agencia se ha reunido con los ediles para compartirles su principal argumento en contra de la modificación al protocolo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD): que afectará a la seguridad pública.
"Es un claro conflicto de interés", recalcó Cynthia Anderson-Barker, abogada de la NLG, sobre la relación entre el concejal angelino y la firma de cabildeo. "El deseo de la OPG es que el dinero siga fluyendo, porque cada coche les genera un ingreso de entre 1,500 y 2,000 dólares".
A decir del concejal Englander, la queja de la NLG no tiene sentido. "Legalmente no hay un conflicto de interés, porque no tengo lazos financieros con ninguno de ellos [los socios de la agencia]", comentó.
Los casi 16,000 coches que el año pasado permanecieron por 30 días o más en los depósitos de la OPG, por los cuales se cobraron unos 1,500 dólares, sugieren que se obtuvo un ingreso de alrededor de 24 millones de dólares, repartido entre el municipio y las compañías de grúas.
"Les importa el dinero, no la seguridad pública", subrayó la abogada Anderson-Barker.
A pesar de tener el respaldo del alcalde Antonio Villaraigosa y del jefe del LAPD, Charles Beck, la propuesta es rechazada por el Sindicato de Policías de la ciudad (LAPPL), que encabeza una campaña en su contra a través de la recolección de firmas, artículos y una columna en su página de Internet.
La Liga Nacional de Abogados cree que ello podría obedecer a que Eric Rose comparte tres títulos: director ejecutivo de la OPG, agente de relaciones públicas del LAPPL y socio de Harvey Englander.
El grupo asegura que las compañías de grúas, y en particular Rose, están utilizando el poder del sindicato para mantener el negocio de decomisar autos a indocumentados.
Las empresas de grúas, añade la NLG, podrían tomar ventaja por los otros cargos del presidente de la OPG y administrador de la empresa Hollywood Tow, Gary Minzer, quien también es miembro de la junta de la Sociedad Histórica de la Policía de Los Ángeles y asesor comunitario del LAPD en Hollywood.
Rose respondió que el grupo de litigantes solo trata de desviar la atención, en lugar de presentar argumentos convincentes sobre por qué indocumentados deben conservar sus coches.
"Devolver los autos a los choferes sin licencia, quienes ya han mostrado su intención de ignorar la ley al manejar cuando legalmente no lo deben hacer, es simplemente una mala política pública", indicó.
Por su parte, Kristi Sandoval, directora del LAPPL, aclaró: "[Rose] no dicta nuestra decisiones, sino que extiende efectivamente nuestro mensaje al público después de que la junta toma una postura".
Con una historia de más de 70 años, la asociación Corralones Oficiales de la Policía está acostumbrada a defender su negocio. Reportes de la Secretaría de Estado de California exponen que ha gastado más de 880,000 dólares en actividades de cabildeo en Sacramento desde 1999.
Uno de sus blancos ha sido la propuesta de ley SB60, del legislador estatal Gil Cedillo, que pide otorgar licencias de conducir a las personas sin un estatus legal.
Documentos obtenidos por La Opinión exponen que también donaron 10,160 dólares al LAPPL, 19,000 dólares a Los Angeles Police Memorial Foundation y 20,500 dólares a Los Angeles Police Foundation en los últimos años.
"Ellos están en cada torneo de golf y evento de caridad de la Policía", dijo una fuente.
La OPG indicó que esa información es falsa, pero no aceptó abrir sus libros financieros. "Somos una organización privada y no discutimos nuestras donaciones", defendió Rose.
Martín Terrones, líder de la Coalición de Inmigración del Sur de California, considera que el concejal Bernard Parks, quien pidió debatir el plan del LAPD en el Cabildo, habría tomado partido por petición.
La oficina de Parks lo negó. "Parks está preocupado de que el cambio de política supone un riesgo en la seguridad pública y expone a la ciudad a una responsabilidad legal", dijo su vocero Dennis Gleason.
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