Senado impulsa Ley de Protección de Mexicanos en el Exterior
La iniciativa prevé un presupuesto anual permanente para repatriaciones, asesoría jurídica, visitas a cárceles, centros de atención telefónica y de seguridad y consulados móviles
El Senado mexicano analiza la ley para mejorar la eficacia de los consulados en el exterior.
“Los migrantes deben estar tranquilos de que sus derechos serán con calidad como lo obligará esta ley”, explicó el senador Rabindronath Salazar, creador del proyecto.
En la exposición de motivos, la iniciativa detalla que la “eficacia consular” no debe agotarse únicamente con programas anuales cuya permanencia dependa de la visión individual de quienes tengan a su cargo la decisión de su implementación. “La política consular debe elevarse a rango normativo”.
Hasta la fecha la asistencia a los mexicanos en el exterior depende de reglamentos internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “No quiere decir que están mal, pero están dispersos y queremos darles más peso”, adelanta Salazar.
En los últimos cuatro años, las sedes consulares de México en el mundo atendieron 555,000 solicitudes de atenciones; de las cuales, el 98% fueron en Estados Unidos para defensoría legal y de derechos humanos; situaciones penales, migratorias, laborales, civiles y administrativas.
Para atender esta realidad, la iniciativa prevé un presupuesto anual permanente para repatriaciones, asesoría jurídica, visitas a cárceles, centros de atención telefónica y de seguridad, consulados móviles y atención al público.
Contempla además diversificar del tipo de documentos que se expiden en los consulados, además de la matrícula consular y el pasaporte, actuaciones notariales y la Cartilla del Servicio Militar.
La fiscalización del personal y de los servicios serían obligatorios. Su incumplimiento, traería sanciones precisas igual que para el mal desempeño de los funcionarios que serían sujetos de críticas y observaciones de los usuarios.
En el caso del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la iniciativa no contempla cambios, salvo la creación de un Consejo Nacional que coordinaría los programas que involucran a trece secretarías, entre ellas, Educación, Economía, Gobernación, Agricultura y Salud.
Javier Urbano, encargado del Programa Migrante de la Universidad Iberoamericana considera que la Ley que se promueve en el Senado tendría ventajas de orden político.
“El legislativo quiere enviar un mensaje de que los emigrantes son parte de la vida pública en su país. Quiere estar e sincronía con la política de Estados Unidos y reconoce la importancia que ya tienen los mexicanos fuera del país y también aquí, donde ya deciden muchas políticas públicas de sus comunidades de origen”, observó.
