PUBLICADO: Jul, 20, 2012 12:00 am ESTJul 20, 2012 12:00 am EST
Salieron de la corte sin hacer declaraciones. "¡No comment, no comment!", decían hasta los familiares que los acompañaron cuando reporteros los abordaron tras la comparecencia en la corte federal que ayer tuvieron los tres exfuncionarios de Cudahy que han aceptado ser culpables de actos de corrupción. Sin embargo, quienes sí se pronunciaron fueron residentes de Cudahy que asistieron a la audiencia judicial para exigir la renuncia del resto de concejales de la ciudad que aún permanecen en el ayuntamiento. Blanca Ramos, dirigente de Cudahy Association-Unidos Salimos Adelante (CAUSA), consideró que también Josué Barrios, Juan Romo y Frank Gurulé debían retirarse de sus cargos ante la sospecha de las fraudulentas elecciones de 2007 y 2009. Corina Castellanos, residente por 18 años en esta ciudad de 26 mil habitantes localizada en el sureste del condado de Los Ángeles, dijo sentirse defraudada de los funcionarios de la ciudad. "Yo voté por ellos, por Silva, por Conde; a los de mi familia les pedía que votaran por ellos, pero ahora resulta que son unos corruptos, qué clase de ejemplo les dan a los jóvenes... ahora queremos que haya cambios", dijo molesta doña Corina. Ninguno de los tres concejales que quedan en Cudahy pudieron ser localizados al cierre de esta edición. A los exconcejales David Silva y Osvaldo Conde, y el ex jefe de supervisores Ángel Perales, se les asignaron tres jueces diferentes y tendrán que regresar a la corte a finales de mes. Joseph Akrotirianakis, fiscal federal de la sección contra la corrupción pública, indicó que cada uno de los acusados enfrenta un máximo de 30 años al declararse culpables de extorsión y soborno. Sin embargo, explicó, parte del acuerdo de culpabilidad que establecieron con la fiscalía les otorga ciertos beneficios por lo que las penas serían menores. Los tres acusados han aceptado declarase culpables de extorsión y soborno, dijo el fiscal, además Silva y Perales acordaron con la fiscalía que no se les finquen otros cargos al colaborar en una investigación de fraude en las elecciones de 2007 y 2009. Silva, Conde y Perales fueron grabados en una operación encubierta del FBI cuando planearon favorecer, a cambio de 17,000 dólares, a un empresario local. Este era informante del FBI.
