Cerrarían con un 6% las deportaciones pendientes

John Morton, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, en conferencia de prensa.

John Morton, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, en conferencia de prensa.

Foto: Ciro Cesar / La Opinión
PUBLICADO: EST Jul 26, 2012 12:01 am EST
WASHINGTON, D.C.- La Administración lo califica como un éxito, mientras otros lo ven como un fracaso. Nuevas estadísticas gubernamentales mostraron que 2% de los casos examinados por el Gobierno, han recibido un cierre administrativo, cifra que podría elevarse al 6%, en un futuro cercano. Desde que se anunció la medida, en agosto de 2011, ha sido blanco de innumerables críticas. Una revisión extraordinaria de más de 300 mil deportaciones pendientes en cortes de inmigración y que ahora está llegando a su fin. De acuerdo a las cifras más actuales, obtenidas por La Opinión, hasta el 20 de julio pasado, el Gobierno había revisado 356,733 casos de personas en libertad y detenidas, de los cuáles 7,186 recibieron un cierre administrativo. Esto implica un congelamiento en sus procesos de deportación, pero no les otorga ningún tipo de estatus migratorio. La agencia ha revisado 282,072 expedientes de individuos en libertad y ha identificado a 22,909 como potencialmente elegibles para el ejercicio de discreción procesal. Asimismo ha examinado los casos de 74,661 detenidos, de los cuáles ha estimado que un 1% o 71 personas, podrían recibir esta garantía. Ahora, los ojos de la agencia están puestos en la ciudad de Los Ángeles, donde la revisión se inició hace tan sólo algunas semanas. Una ciudad en que se acumulan el mayor número de casos correspondientes a la jurisdicción de las cortes migratorias. El Gobierno inició el proceso en enero pasado y entonces estimó que para el verano de 2012, ya habría completado el examen general, sin embargo, es probable que existan leves demoras. "Los Ángeles tiene un número de casos muy grande, el desafío no es un tema filosófico ni de voluntad, sino de tamaño y nos está tomando más tiempo. Hemos logrado muchos avances hasta el momento y estamos confiados en que terminaremos esta revisión en un futuro cercano", dijo el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, John Morton, en entrevista con La Opinión. Al ser consultado respecto a las críticas de organizaciones de derechos civiles y grupos pro inmigrantes, que han atacado el bajo número de casos cerrados, Morton desestimó los comentarios. "No es justo decir que los resultados han sido bajos. El número no es tan exiguo como ha salido en la prensa. Al final del proceso, tendremos el cierre de entre 8% a 9% en los casos, de personas no detenidas". "Ese es un número muy amplio. Nunca se había realizado una revisión de este tipo. Esta Administración ha sido la primera en analizar cada uno de los casos en el sistema. Es una cifra significativa", dijo. "También hay que considerar, que la agencia ha ofrecido un cierre administrativo a personas que finalmente han optado por otros caminos, ya que creen que tienen mejores opciones a través de procesos paralelos. Esa es su decisión. Nosotros hicimos la oferta", explicó. Al iniciarse la revisión de deportaciones, estimaciones preliminares habían apuntado a entre un 14% y un 16% de los casos, como elegibles para un cierre administrativo y aún entonces, legisladores y actividades, calificaron la estadística como poco significativa. A pesar de esto, Morton se mostró confiado en que a la larga, habrá un reconocimiento de que se hizo un buen trabajo. "Con esto no sólo vamos a reducir el número de casos de manera considerable, pero fortalecer los esfuerzos de control de inmigración de la agencia", dijo. "Con el tiempo, la gente mirará para atrás y se dará cuenta, que fue un esfuerzo mayor.... no fue fácil de realizar ….una innovación y que en el futuro, implicará cambios en el Departamento de Seguridad Nacional", enfatizó. Organizaciones como la Asociacion Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), creen que aún podrían existir mejoras en el proceso. Un ejemplo, son en los casos donde se ha ofrecido un cierre administrativo y este ha sido rechazado, en la espera de un proceso paralelo. AILA insiste en que este beneficio debiera quedar abierto para este grupo.
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