Amenaza al voto latino

La Corte Suprema debe defender la integridad de la Ley de Derechos del Votante

PUBLICADO: EST Feb 26, 2013 12:01 am EST
Judicial

Mañana la Corte Suprema de Justicia va a escuchar argumentos de que la Ley de Derechos del Votante de 1965 ya no es necesaria. Sin embargo, en este momento, la protección del derecho a voto no puede ser más importante para la comunidad latina.

Estamos en un momento histórico en que el voto latino se ha probado como esencial en la política estadounidense, por lo menos al nivel presidencial. Los dos partidos políticos, y todos los analistas, admiten que la elección presidencial de 2012 dependía completamente del voto latino. Además, este electorado crecerá rápidamente entre hoy y 2030, se duplicaría, porque la cifra de ciudadanos latinos mayores a 18 años va a crecer de 23.7 hasta más de 40 millones de ciudadanos con derecho a votar.

A la vez, las elecciones de 2012 estuvieron marcadas con una ola de tácticas discriminatorias para disminuir el poder del voto latino. Durante 2012, los grupos de derechos civiles como Advancement Project utilizaron las protecciones de la Ley de Derechos del Votante, en varios estados que pasaron nuevas leyes requeriendo más pruebas de ciudadanía y/o identificación para votar. Estas leyes son discriminatorias porque muchos latinos, aunque siempre votaban porque son perfectamente elegibles a votar, no tienen acceso financiero a todas las pruebas inventadas creadas para obstaculizar su acceso a las urnas. Hay millones de ciudadanos que no tienen licencias, porque son jóvenes, pobres, y/o viejos, y por lo tanto, requerir una licencia para votar tiene un impacto discriminatorio. Hay millones más de ciudadanos latinos que no tienen copias de sus certificados de naturalización, pues los nuevos requisitos de prueba de ciudadanía para votar también tienen un impacto discriminatorio contra la comunidad latina y su poder política.

Sin embargo, durante 2012, la Ley de Derechos del Votante ha sido muy eficaz como protección en contra de esas medidas discriminatorias. Dicha legislación federal protege al derecho más fundamental en nuestra democracia. Esa ley fue una gran victoria después de muchos años de discriminación contra el derecho a votar de los afroamericanos , y siempre ha protegido a los latinos también. Nos ayudó a ganar casos bloqueando las restricciones al voto más discriminatorias durante 2012, con resultados importantes. Esto permitió que los grupos como Mi Familia Vota pudieron seguir luchando para aumentar la participación de los votantes latinos, a pesar de la ola discriminatoria en su contra. Ahora, la comunidad latina está en mejor posición para finalmente insistir sobre sus derechos fundamentales en áreas como derechos civiles, migración, y educación.

Es en este momento preciso que la Corte Suprema está considerando el caso del condado de Shelby, Alabama vs. Holder, uno de varios desafiando la constitucionalidad de la Sección 5 de la Ley de Derechos del Votante. El condado plantea que las obligaciones de cumplir con la Sección 5 son demasiado estrictas, porque ya no hay discriminación en el derecho al voto como antes. Es verdad que hoy la violencia y el racismo previo a 1965 es mucho menor. Sin embargo, por muchos años, el Congreso ha considerado que la reautorización de la Ley de Derechos del Votante es necesaria para combatir muchas instancias de discriminación a votantes afroamericanos, latinos y otros grupos que sufren de discriminación racial en los EEUU.

El informe del Congreso sobre la última reautorización en 2006 incluyó muchos casos de discriminación en contra de la comunidad latina en el acceso a su derecho más fundamental. Por ejemplo, en muchas jurisdicciones que deben proveer acceso al voto en español, no traducen la boleta, o hacen muchos errores en las instrucciones en español, o envían cartas en español con fecha incorrecta del día de elección, como ha ocurrido en Arizona el año pasado.

Estos son obstáculos discriminatorios contra el voto latino. En otras instancias, al momento que un candidato latino aparece, cambian las reglas de la elección, y tratan de disminuir la participación de votantes latinos con intimidación y/o restricciones a registro, etc. En otros casos, como en varios ocurridos el año pasado, se imponen diferentes "impuestos" discriminatorios, en la forma de nuevos gastos para votar. Todas estas formas de manipulación pueden ser ilegales bajo la Ley de Derechos del Votante, que nos ha protegido tanto el año pasado.

Desafortunadamente, el hecho que este tipo de manipulación ilegal esté dirigida más al voto latino no es una gran sorpresa. Estas manipulaciones discriminatorias ocurren aún más cuando el poder de la comunidad está creciendo, y va a seguir creciendo.

En una democracia, la raza de los votantes no debe cambiar sus derechos, y por eso es precisamente que necesitamos la Ley de Derechos del Votante. El derecho a votar sin problemas es esencial para todos. Es esencial para los millones de votantes en nuestras comunidades, nuestros hijos, y el futuro de nuestra democracia. Por lo tanto, debemos urgir a la Corte Suprema que mantenga las protecciones de la Ley de Derechos del Votante porque siguen siendo bien necesarias hoy en día.

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