Sancionan a 30 funcionarios por la matanza de Tlatlaya
Pero todos los militares relacionados con el caso se encuentran fuera de prisión
Tlatlaya es uno de los casos alarmantes en México. Crédito: EFE
México – El Gobierno del central Estado de México anunció que se sancionaron a 30 funcionarios de la Fiscalía estatal relacionados con la investigación de la muerte de 22 civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya en 2014.
“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que serán suspendidas por algún tiempo, algunas por un mes y otras por más tiempo”, dijo en declaraciones a medios el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur, al término de un acto político.
Dichas sanciones contra servidores públicos las emitió la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem), de un total de 52 casos este órgano está analizando.
Según medios locales, se trata de peritos, agentes ministeriales y miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (Pgjem) con sanciones que incluyen desde la destitución a la inhabilitación para ocupar un cargo público.
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Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de las tres personas sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.
De acuerdo con la PGR, 14 personas murieron en el enfrentamiento y las ocho restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares, cifra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estimó en 15.
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En septiembre de 2014 fueron detenidos ocho militares, incluido un oficial, pero uno quedó en libertad poco después al demostrarse que fue herido y nunca llegó a entrar en la bodega donde ocurrieron las muertes.
Un juez ordenó en octubre liberar a cuatro militares implicados en la matanza tras considerar que la Fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados, y en mayo se liberaron los otros tres elementos por falta de pruebas.
De esta manera, todos los elementos castrenses relacionados con el caso se encuentran fuera de prisión, lo que generó severas críticas contra la investigación por parte de la sociedad civil.
