La “revolución” del ministerio público mexicano
El nuevo sistema de justicia penal permite que se valoren las denuncias y pruebas presentadas por los ciudadanos y organizaciones
Crédito: Archivo
MÉXICO.- Durante meses y años, padres, madres, hermanos e hijos de 50 desaparecidos en el estado de Guerrero integrados en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero encontraron pistas sobre lo que ocurrió con los suyos.
Prendas de vestir, declaraciones de testigos, documentos, fotografías, objetos que revelaban los posibles móviles y que entregaron al ministerio público (Procuraduría General de la República, PGR en México) con la esperanza de que éste llevara hasta el juez a los posibles culpables uno a uno, hasta que se dieron cuenta que todas esas probables pruebas junto con los expedientes fueron desaparecidos por los agentes.
“Incluso un procurador se los llevó cuando terminó su gestión: se los llevó como si fuera el saco de su traje”, detalla Javier Monroy, presidente de la organización que ahora tiene esperanzas de que la impunidad tenga un virón desde el ministerio público con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
Un nuevo sistema penal entra en vigor
El 18 de junio vence el plazo constitucional para que en los 32 estados de todo el país se deje atrás un antiguo sistema de justicia penal conocido como “inquisitorio” (escrito) y se dé paso a otro oral que también contempla la posibilidad de que las víctimas en un proceso penal puedan aportar pruebas directamente ante un juez de garantías (que no es el mismo juez que dará la sentencia).
El Ministerio Público o Fiscalía todavía tiene la obligación de investigar, pero la reforma acusatoria-oral propone que la víctima no dependa de ello para que el sistema de justicia inicie su trabajo.
“Anteriormente si el Ministerio Público realizaba una investigación pobre o bien se corrompía y determinaba que no había delito que perseguir, a la víctima le quedaba poco por hacer”, recuerda Enrique Ochoa, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
“En consecuencia, la capacidad del ciudadano para presentar y defender su caso en tribunales estaba acotada por la eficiencia y honestidad de una autoridad investigadora que no rendía cuentas”.
El poder del Ministerio Público era, en resumen, similar a un monopolio: ventajoso para sí mismo e irrespetuoso y desdeñoso con los implicados.
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Rendición de cuentas
Olga Sosa Parra, hermana de Rubén, un joven padre de familia desaparecido desde 2006, recordó en entrevista con este diario que cuando ella presentó la denuncia en Ecatepec, Estado de México, los agentes del Ministerio Público la mandaron a investigar como si ella fuera parte de su equipo y luego no le recibieron ningún documento.
“Fui con otra hermana a buscarlo por Puebla, Querétaro y la zona norte del estado porque él desapareció cuando intentaba vender uno de los coches que trajo de Estados Unidos, donde vivía y vino a ver a la familia”, dijo.
“Estuvimos dos años buscándolo y el ministerio público nunca nos llamó: tuvimos que parar cuando yo me enfermé de colitis y tiroides: el médico dijo que las dos enfermedades se dispararon por el estrés… Nunca supimos más”.
El amplio poder que los agentes de la fiscalía tenían para empujar o frenar casos como el de Rubén Sosa derivaba del hecho que sus actividades se llevaban a cabo a espaldas de los ciudadanos.
En contraste; el nuevo sistema hace que el Ministerio Público esté sujeto a mecanismos de rendición de cuentas por parte de víctimas, acusados o ciudadanos que no están involucrados directamente en un proceso penal: todo a través de los juicios orales.
“Si hubiera habido un mecanismo de transparencia como el que se pretende implementar en adelante –comenta Monroy- en Guerrero no hubiera ocurrido el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ni el de muchos más porque los perpetradores no hubieran tenido la protección plena de las autoridades ante la justicia”.
Fundar observó que una de las más “lamentables” prácticas del anterior sistema inquisitivo estaba basada en “la práctica común” que ni la víctima ni el acusado podían confrontar la versión del fiscal de manera directa ante el juez. Si acaso, acotaba, “la confrontación de versiones se realiza por escrito”, en el expediente, donde las pruebas de los agentes de la PGR tienen mayor valor que las que presentan las partes o cualquier ciudadano.
“Los juicios orales pueden funcionar muy bien pero se requiere que la capacitación se extienda a las víctimas, que aprendan sobre estos nuevos procesos que buscan acabar con la impunidad”, dijo Monroy, de la organización de desaparecidos en Guerrero. “ Y aún lamentamos las pruebas que por corrupción desaparecieron y no son reemplazables”.
