Denuncian a Cudahy de violar el derecho de expresión de sus residentes
La fiscal del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey advirtió a los concejales de que deben cumplir con la ley
Ayuntamiento de la ciudad de Cudahy. (Aurelia Ventura) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
Cuando los residentes de Cudahy se quejan o critican algunas de las acciones del Concejo durante las reuniones del mismo, se sienten rechazados y maltratados.
“Tenemos grabado cuando el alcalde Baru Sánchez nos dijo, ‘si no les parece se pueden largar’ ”, asegura Pamela Ríos. Eso ocurrió el 24 de agosto del 2015.
“El tiempo que teníamos por comentarios públicos se han reducido de 5 minutos a 2 minutos por persona. El concejal Chris García se la pasa agachado durante los comentarios públicos y tomando fotos como para intimidarnos. Nos sentimos burlados, sin voz alguna”, agregó.
El alcalde por su parte asegura que la reducción de tiempos en las juntas de Concejo se ha dado gradualmente para permitir acabar con los temas de la agenda del día y no prolongar las juntas hasta la madrugada.
“Respetamos el derecho de expresión pero pedimos que lo hagan con respeto y sin gritos”, indicó.
En febrero pasado, Jackie Lacey, fiscal del condado de Los Ángeles mandó una carta a los concejales de Cudahy en la que les dice que han violado el Acta de Brown al interrumpir comentarios públicos y evitar la crítica.
“Para poner esto en contexto, primero notamos que el 11 de enero de 2016, en la Junta del Concejo, varios manifestantes fueron abiertamente críticos. Uno de los concejales se molestó, regañó a gritos a la audiencia y él junto a otro abruptamente se salieron, haciendo que terminara la junta”, dice la carta dirigida a los concejales con fecha 18 de febrero.
Los residentes alegan que el ambiente se ha puesto tenso en el Concejo de Cudahy a raíz del aumento en los precios de servicios.
“El año pasado, los impuestos a la propiedad subieron alrededor de 30% mientras que la recolección de basura por casa creció 20 dólares, pero sí suspendieron por cuatro años el pago de licencia anual de 30 dólares por unidad adicional a los propietarios que tienen menos de cuatro por vivienda”, dijo Ríos.
Construir cuartos extras en los patios de las casas es algo muy común en Cudahy. Las familias lo hacen para allegarse ingresos extras.
Al borde de la bancarrota
Carmen Hernández, otra residente de Cudahy, precisó que los incrementos comenzaron a darse a raíz de la reelección de tres concejales: Barú Sánchez, el actual alcalde; Cristian Markovich y Chris Garcia. Cristian Hernández fue electo al concejo el año pasado.
Jack Guerrero ha sido el único concejal en desacuerdo con el aumento, un contador público con maestrías en economía y administración de empresas dijo que el mayor problema es que si las cosas siguen como van, la Ciudad se irá en unos dos años a la bancarrota.
“En pensiones se tiene una deuda de 4 millones de dólares, la reserva cada día baja, y no veo urgencia en corregir. Por el contrario, se le quiere sacar jugo a la gente y no se quiere poner fin de inmediato a contratos abusivos con empresas que les suben constantemente las tarifas a la población”.
Una parte de los servicios de recolección de basura y limpieza están contratados con la empresa Republic Services y cada año que no se cancele el contrato, se alarga. Esta empresa tiene toda la libertad para aumentar sus tarifas cuando quiera, expuso Guerrero.
El alcalde Sánchez dijo que las dos empresas que se encargan de la limpieza no pueden aumentar a su antojo porque están regulados por el condado.
Localizada al sureste del condado de Los ángeles, Cudahy es la segunda ciudad más pequeña del condado de Los Ángeles, después de Hawaiian Gardens.
En 2012, la ciudad fue escenario de un incidente grande de corrupción cuando el exalcalde y el gerente de la Ciudad de esa época fueron acusados de extorsión y chantaje al apoyar un dispensario de marihuana medical.
En julio 12 de 2012, el exalcalde David Silva, el concejal Osvaldo Conde y el ex gerente Ángel Perales se declararon culpables de delitos federales por soborno y extorsión.
Conde fue condenado a tres años en prisión, Silva un año y Perales, a cinco de libertad condicional. Conde y Silva ya se encuentran libres.
