Pobres e inmigrantes tienen menos acceso a abogados en casos civiles

WASHINGTON.- La gente pobre tiene más riesgo de sufrir desalojos, pérdida de casa o de la custodia de un hijo ante un tribunal civil, debido en buena parte a la falta de acceso a ayuda legal, y la situación es más grave para inmigrantes que dependen del escaso número de intérpretes.

Así lo advierte un informe difundido este miércoles por el Centro Nacional para el Acceso a la Justicia (NCAJ, por su sigla en inglés), que elaboró el primer índice nacional de su tipo para examinar el acceso a abogados de personas de bajos recursos en los 50 estados, la capital de EEUU y Puerto Rico.

El NCAJ, de la Facultad de Leyes de Cardozo, contabilizó el total de abogados en el sistema de justicia civil y determinó que, en promedio, hay .64 -menos de un abogado- por cada 10,000 personas pobres.  En cambio, el promedio nacional de abogados para el resto de la población es de 40 por cada 10,000 personas, según el “Indice de Justicia de 2016”.

En entrevista con este diario, David Udell, director ejecutivo del Centro Nacional para el Acceso a la Justicia (NCAJ, por su sigla en inglés), dijo que la idea del informe es propiciar un diálogo para remediar las carencias del desbordado sistema.

“A la gente le puede ocurrir muchas cosas, toman malas decisiones, o son víctimas de injusticia. Los inmigrantes son especialmente vulnerables de explotación laboral, de abuso doméstico, o incluso de quienes les alquilan y, en esos casos, la gente debe tener acceso a representación legal en los tribunales”, explicó Udell.

“Si estas personas no tienen esa ayuda legal para navegar el sistema, o la asistencia de un intérprete en un juicio, pueden suceder cosas terribles: pueden perder un  hijo, su casa, o todo su dinero…hay muchos abogados que quisieran trabajar en comunidades pobres, pero el problema es que no hay suficientes fondos para que lo puedan hacer”, agregó.

El siguiente paso tras la presentación del informe, precisamente, será presionar a la clase política por mejoras en la “infraestructura del sistema de justicia”,  enfatizó Udell.

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Pocos abogados para montaña de casos

El informe, el primero de su tipo, ofrece un conteo de los abogados que ofrecen ayuda legal en el sistema civil, que cada año registra más de 20 millones de nuevos expedientes.

Aunque cerca de 110 millones de personas en EEUU califican para asistencia legal gratuita porque ganan muy poco, sólo hay 6,953 abogados para dar ayuda legal a personas pobres, de un total de 1,3 millones de abogados en todo el país.

Eso significa que millones de personas se quedan sin acceso a la ayuda legal que necesitan para defenderse en los tribunales civiles.

Según un mapa interactivo, solo Nueva York registró un promedio de 2,65 abogados por cada 10,000 personas pobres, seguido por Maryland, con 1,49 abogados; Connecticut, con  1,46; Hawaii, con 1,15; Arkansas, con 1,13, y Washington, con 1,09.

El Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital de EEUU, tuvo un promedio de 9,33 abogados. El resto de los estados tuvo menos de un abogado por cada 10,000 pobres, mientras que Puerto Rico tuvo un promedio de .47

Peor para los que no hablan inglés

Aunque 25 millones de personas en EEUU tienen problemas con el inglés, casi la mitad de los estados no exige a las cortes el uso de intérpretes con certificación profesional para ayudarlas.

La resolución de sus casos puede depender en gran medida de cómo se comunican en los tribunales civiles, que son los encargados de llevar casos de divorcio, violencia doméstica, custodia y manutención de hijos, embargos hipotecarios, subsidios de vivienda, y recolección de deuda, entre otros.

“No debería ser posible que en EEUU, una persona pueda perder su casa o sus hijos, o esté machacado por los creedores, sin tener la posibilidad de presentar su versión del caso solo porque el inglés no es su primer idioma”, dijo el informe.

Otras cifras alarmantes

En la actualidad, los estadounidenses corren con el pago de cuotas para llevar un caso ante un juez o para defenderse.

Solo doce estados requieren que el personal del tribunal informe al público sobre la suspensión de sus cuotas si no puede pagar por su cuenta. Eso significa que, por falta de recursos, muchos no presentan casos válidos ante las cortes, o no logran defenderse adecuadamente.

Además, 45 estados no cuentan con personal especializado para ayudar a personas con enfermedades mentales ante los tribunales. Mientras, diez estados no tienen leyes que garanticen acceso a un abogado para casos de tutela legal relacionados con asuntos de salud mental.

En Indiana, por ejemplo, una persona puede quedar confinada involuntariamente sin haber nunca hablado con un abogado.

Algunos progresos

Pese a las trabas, el informe también da cuenta del progreso que ha registrado el sistema civil en los últimos años, en unos momentos en que decenas de estados también persiguen la puesta en marcha de reformas para que la gente pobre tenga ayuda en casos civiles.

“Esas reformas permiten, por ejemplo, que los abogados flexibilicen sus tarifas en casos que requieran una representación legal prolongada. En algunos estados, esas reformas permitirían que los jueces y el personal en los tribunales tomen medidas para que las personas puedan representarse a sí mismas”, explicó Udell.

Otras medidas incentivan el uso de nuevas tecnologías para que las personas puedan navegar el sistema de justicia.

El documento no aborda los problemas del sistema de justicia criminal, que es distinto, pero incluye una lista de 370 organizaciones y clínicas que ofrecen ayuda legal en todo el país, de las cuales 134 reciben fondos federales de la Corporación de Servicios Legales (LSC, en inglés).

En 2014, LSC dio ayuda legal a más de 63 millones de personas pobres, pero su presupuesto ha sufrido recortes en los últimos años.