California: ¿Quién paga el precio de la injusticia?

En los años sesenta, el gobierno federal declaró la famosa “guerra contra las drogas”. Aunque talvez bien intencionada, esta declaración y las leyes que se crearon como resultado de esta histeria, desafortunadamente le abrieron la puerta a la injusticia. Hoy en día nos queda claro que esto afecto y continúa a afectar a las minorías de manera trágica y desigual. Y California no es la excepción.

De hecho, agencias locales y estales se han estado aprovechando de un tecnicismo que les permite tomar el dinero y bienes de inocentes, y después quedarse con un porcentaje de las ganancias por medio de leyes de confiscación civil.

Por ejemplo, imagínese que usted está por comprar un automóvil usado. Trabaja día y noche para ahorrar lo suficiente después de finalmente encuentra un auto de su gusto. Va usted en camino con los $2,500 en efectivo que necesita para pagar, pero lo para la policía. El agente le dice que le parece sospechoso que usted lleva tanto dinero en efectivo. Usted responde diciéndole que está por comprar un automóvil usado. Pero la policía no le cree y le dice que piensa que usted obtuvo ese dinero de manera ilegal – aunque su sospecha no sería sostenible en un juicio.

Pero no termina allí. El oficial toma su dinero y le informa que si quiere que le regresen su dinero, usted primero tiene que ir a la corte para pelear por él.

Puede parecer ilógico e ilegal, pero esto es totalmente legal bajo el programa federal de “distribución equitativa”, el cual le permita a la policía local y estatal usar leyes federales para privar a californianos inocentes de su dinero y bienes. A diferencia de la ley estatal, las leyes federales no requieren que alguien sea encontrado culpable de un delito antes de que la policía pueda confiscar su propiedad. Al contrario, hasta le permiten a las agencias quedarse con un porcentaje más grande de las ganancias de lo que se permite bajo las leyes estatales – 80% en comparación con 65%.

En otras palabras, las agencias de policía de California están soslayando nuestras leyes estatales y patrullando por ganancias. Pero al final del día, los que están pagando el precio de esta injusticia son californianos inocentes.

Una investigación del Washington Post  reveló que en 400 casos federales en los que personas retaron la apropiación de sus bienes y se les regresó parte de su dinero, la mayoría eran latinos, afroamericanos o miembros de alguna otra minoría.

Afortunadamente el año pasado la legisladora de Los Ángeles, Holly Mitchell, introdujo un proyecto de ley para resguardar nuestro compromiso a la justicia en California y proteger a las persona inocentes de estos abusos. El proyecto de ley, SB 443, requiere que alguien sea encontrado culpable de un delito antes de que la policía pueda permanentemente apropiar su dinero o bienes.

Al ver que su fuente de ingresos – los cuales están siendo injustamente obtenidos – estaba por terminar, las agencias de la ley hicieron todo lo posible para influir a legisladores en Sacramento. La SB 443 quedó estancada en la Asamblea pero Mitchell ha prometido reanudar los esfuerzos para cerrarle la puerta a este abuso desenfrenado de nuevo este año.

Es tiempo de que nuestros legisladores, quienes se suponen que deben representarnos y protegernos de los abusos, apoyen la SB 443 y actúen en el nombre de la justicia porque sabemos que esta táctica de patrullar por ganancias profundamente afecta tanto a la comunidad latina, como a la comunidad afroamericana.

La confiscación civil has sido pervertida a un ataque continuo contra familias que no pueden pagarle a un abogado para defenderlos de los abusos del gobierno en las cortes, una carga que cae desigualmente encima de los latino y afroamericanos, y las personas de bajos recursos.

En California las ganancias no se deben de priorizar a costa de la justicia.