La espera por visa “U” pone en riesgo a cientos de indocumentados

Activistas denuncian largos retrasos en la legalización del estatus migratorio de víctimas que buscan refugio

El procesamiento de la visa de trabajo H-1B express tiene un valor de $1,225 dólares

El procesamiento de la visa de trabajo H-1B express tiene un valor de $1,225 dólares Crédito: Shutterstock

LOS ÁNGELES.- El retraso en el trámite y aprobación de la visa “U” pone en peligro a cientos de indocumentados que fueron víctimas de crímenes violentos, denunciaron hoy defensores de los inmigrantes.

Los activistas aseguraron que la solución está en manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que maneja el proceso de estás solicitudes.

“El problema no es del Congreso, es de los recursos que están asignados para atender las solicitudes, el Gobierno debe entender que una gran parte de las víctimas están en riesgo o bajo amenaza”, advirtió Leslye Orloff, directora del Proyecto de Defensa Nacional de la Mujer Inmigrante.

El caso de Lazara Olivares, oriunda del estado mexicano de Guerrero y quien hace 16 años emigró a Estados Unidos tratando de huir de los abusos físicos y sexuales que sufrió desde que era niña, es un ejemplo de la preocupación de los activistas.

A pesar de que la mexicana llevó viviendo casi toda su vida sumida en la zozobra, los últimos años en estados Unidos han sido un calvario debido a las agresiones de su pareja que superaron todas sus experiencias pasadas.

“La última vez intentó ahorcarme, casi lo logra, sentí que me iba a morir, que ya no podía más”, relató la inmigrante que logró salvar su vida gracias a la intervención de las autoridades.

Después de casi una década sufriendo en silencio, la inmigrante decidió contar todos los abusos que sufrió al lado del padre de sus hijos.

Su testimonio sirvió para que su expareja, un residente permanente, fuera enviado a la cárcel y después deportado.

“El dice que perdió sus papeles por mi culpa, y me llamó desde México a amenazarme de muerte”, dijo sin esconder su temor de que en cualquier momento pueda aparecer para cumplir con su amenaza.

Por ser una víctima de un crimen violento, Olivares calificó para solicitar el amparo de la visa “U” en noviembre del 2013, no obstante ya han pasado 30 meses y todavía no ha recibido la protección.

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En octubre del año 2000, el Congreso aprobó el programa de visas “U” que protegen a inmigrantes víctimas de abusos como Olivares, no obstante los legisladores establecieron un límite de diez mil visas por año, sin importar cuantas personas hayan solicitado el amparo y sean elegibles para el beneficio.

“Es un problema de años. Primero se demoraron mucho en reglamentarla y ahora hay mucha gente en la línea esperando, el retraso es de más de dos años y más de 60 mil casos pendientes”, indicó Fernando Romo, abogado de inmigración y representante de Olivares.

Para Orloff, la espera es como una carrera contra la muerte, porque según las investigaciones de Proyecto de Defensa Nacional de la Mujer Inmigrante, un gran porcentaje de las víctimas tienen que quedarse en la relación abusiva o mantener contacto con su victimario porque se sienten desprotegidas.

La activista que impulsó la legislación hace 16 años aseguró que el retraso se podría solucionar si el DHS asigna más personal para trabajar en las solicitudes de los visados.

“Lo que necesitan es tener un permiso de trabajo, que pueden volver a recurrir a las autoridades”, insistió.

Por su parte, Romo advirtió que las demoras también hacen que muchas víctimas abandonen sus casos.

Los tropiezos de la Visa “U” no son nuevos, el Gobierno tardó casi ocho años para implementar las reglas y no fue sino hasta el 2008 que se otorgaron.

“Es una lucha con los solicitantes porque entiendo lo que sufren estás víctimas, pero tengo que convencerlas que se exponen más si renuncian a este tramite y lo abandonan”, indicó.

Reina Contreras, una inmigrante que en el 2010 fue víctima de un asalto cuando trabajaba en una peluquería, fue una de las víctimas que quiso rendirse ante la espera.

“Ellos pensaron que yo era la dueña y me golpearon sin piedad, querían que les entregara el dinero”, recordó entre lágrimas.

La indocumentada sufrió heridas de gravedad y su testimonio le sirvió para juzgar a los asaltantes.

“Yo pensé que lo iba a reconocer por medio de un vidrio, pero me tocó verlo frente a frente y yo decía él sabe donde trabajo, puede salir y matarme de verdad”, relató.

Después de más de dos años, en diciembre del año pasado, la solicitud del caso de Contreras fue aprobada y tanto ella como su esposo recibieron un permiso de trabajo.

“Es muy difícil vivir con miedo, esto le permite a uno tener un poco más de tranquilidad”, aseveró.

Mientras Olivares sigue en espera de sus documentos, Orloff y su organización dijeron estar planeando hacer una solicitud formal al DHS para que agilice los trámites de esta visa.

“Este será el primer paso de una lucha que no vamos a detener”, concluyó.

Por Ana Milena Varón

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