PGR usó tortura y sobornos para manipular la investigación del caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República habría recurrido a la tortura sexual y ofrecido millonarios sobornos para manipular las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Documentos judiciales a los que se tuvo acceso y cartas escritas por las presuntas víctimas señalan que Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República; Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) y Tomás Zeron de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, estarían directamente involucrados en las presuntas irregularidades con el fin de sustentar la llamada “verdad histórica” y cerrar el caso.

Al menos 16 detenidos, 14 hombres y dos mujeres, habrían sufrido violencia sexual como amenazas de violación contra sus familiares, la consumación de algunas de ellas; tocamientos, toques eléctricos en genitales e incluso penetración para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros, y firmar declaraciones prefabricadas. Se señalan entre los agresores a policías federales, policías federales ministeriales y marinos, con la presunta complicidad de Zerón y Salas en al menos dos casos.

De acuerdo con la información recabada, las víctimas habrían sido nueve presuntos miembros de Guerreros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo criminal en la región; Gildardo Gómez Astudillo, señalado como su lugarteniente; Felipe Rodríguez Salgado, Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes y Jonathan Osorio Cortés, acusados de matar y calcinar a los normalistas; Marco Antonio Rios Berber, Raúl Nuñez Salgado y Carlos Canto.

Y siete funcionarios de las policías municipales de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Hector Aguilar Avalos, Alejandro Lara García, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez, asesora jurídica de la policía municipal de Cocula.

Casarrubias Salgado denunció ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Federales en el Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, la tortura que sufrió presuntamente con el aval de Zerón para obligarlo a firmar una confesión. Y que ya encarcelado, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam le habría ofrecido 66 millones de pesos para que ratificara la confesión.

Según esta versión, las graves violaciones a derechos humanos comenzaron a ser investigadas por Naciones Unidas desde 2014. Dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por cinco relatores de la ONU señalan que iniciaron procedimientos especiales ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos del caso Ayotzinapa.

“Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos ni sobre el carácter arbitrario o no de la detención, quisiéramos expresar nuestra seria preocupación acerca de la detención, tortura, incluida sexual, y la restricción al derecho de defensa sufrido por el señor Casarrubias Salgado”, se afirma en la carta enviada el 25 de febrero de 2015 al gobierno de México, firmada por cuatro altos funcionarios de la Organización: Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Ariel Dulitzky, presidente-relator de Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“También expresamos seria preocupación en relación con las alegaciones según las cuales la tortura y los malos tratos tuvieron el propósito de extraer confesiones forzadas y prefabricadas. Tememos que el uso de estos métodos podría no ser un caso aislado, y que la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, podría estar también basada en informaciones recabadas por medio de actos de tortura”, añadieron.

La versión del gobierno de México es que los 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados y quemados simultáneamente en un basurero de Cocula y responsabiliza del crimen a autoridades locales de Iguala y Cocula, y al grupo criminal Guerreros Unidos. Pero en contraste, los tres estudios científicos realizados hasta ahora afirman que eso jamás ocurrió.

Infierno en la SEIDO

Casarrubias fue detenido por un grupo de hombres armados el 15 de octubre 2014 dentro de un restaurante junto con tres acompañantes, entre ellos una mujer llamada Teresa Rivera Díaz, de acuerdo con la declaración ante el juez. Lo llevaron a la Ciudad de México, a un edificio que podría ser de la PGR, donde afirmó que vio a Tomás Zerón.

“Llegamos a un cuarto, o más bien lo llamaría la sala del infierno; me sientan por un momento y llega una persona que se mira diferente a los demás, habla muy suave y viste diferente, con ropa de vestir… se acerca pausadamente y me habla al oído y me dice que viene de parte del procurador, que con él puedo arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde”.

“Esta gente te va a hacer que manifiestes lo que se te ordene, porque el procurador lo autorizó”, le dijo el presunto mensajero de Murillo Karam. Después de eso comenzó la tortura en la que, entre otras cosas, le aplicaron toques eléctricos y lo asfixiaron con bolsas de plástico.

Casarrubias identificó ante el juez al agente de la PGR Gabriel Valle Campos como uno de sus agresores. En esta investigación periodística se pudo corroborar en registros de información oficiales de la PGR que ahí labora un agente con ese nombre.

Después, dijo, lo trasladaron a una oficina a la cual llegó Zerón: “Me dice que la muchacha que me acompañaba la va a dejar ir y que él la va a mandar a su casa pero es mentira, porque después de un rato me dice: ‘Para que veas ahí está la muchacha que te acompaña’ y me meten a una oficina y me dice que hable”, mientras el titular de la Agencia de Investigación se queda presente. Casarrubias dijo al juez que la joven no era Teresa sino otra persona.

“Estaba temblando y con mucho miedo, y me vuelve a preguntar (Zeron) si es ella, le digo que no la conozco pero que estaba en el restaurante el Fogón Do Brasil, le pregunto a la muchacha que se llamaba Dulce si la torturaron y me dice que sí, llorando, y después se la llevan…”.

Casarrubias denunció ante el juez que en presencia de Zerón agentes de la PGR lo amenazaron para que no dijera nada de lo que le habían hecho: “Si no, ya sabes lo que te podemos hacer a ti y a tu familia; recuerda a tus hijos, esposa y padres”.

Aseguró que le dictaron lo que debía decir ante una cámara de video: “Sin errores, léelo una y otra vez hasta que ya estés listo”, y agregaron que eso sólo era información para su archivo, que no iba a salir al público.

Ya en la SEIDO la madrugada del 17 de octubre el agente del Ministerio Público redactó su declaración. “Tú nomás la vas a firmar y poner tu huella”, le dijo.

Casarrubias habría denunciado al agente que había sido torturado pero éste le advirtió que no lo dijera, pues “ahorita ya tienen a tu familia”. El abogado de oficio que por ley debían asignarle llegó tarde, se quedó dormido y no le proporcionó ninguna asesoría.

Confesión bajo tortura

El mismo día que la PGR habría fabricado la declaración, Murillo Karam y Zerón dieron conferencia de prensa donde anunciaron la captura de Sidronio Casarrubias, a quien se acusó de ser el líder máximo de Guerreros Unidos.

Murillo Karam afirmó que su captura “ayudará a resolver el caso de la muerte de seis personas en Iguala y la posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.

Hasta el 21 de octubre, cuando Casarrubias fue presentado ante un juez, éste pudo denunciar la tortura y vejaciones que habría sufrido y aseguró que todo lo dicho en sus declaraciones ministeriales donde se auto inculpó e incriminó a otros era falso.

Pieza clave de la PGR

El 22 de octubre Murillo Karam dio una nueva conferencia de prensa para informar sobre los “avances del caso”. Dijo que “el grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local”.

Y añadió: “De acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, (Casarrubias) recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular (…) de los cuales, cuando menos 600 mil (…) eran destinados al control de la policía local”.

“Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos (Casarrubias) señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la Presidencia Municipal, desde luego en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez”.

Aseguró que por creer que los estudiantes eran miembros del grupo criminal Los Rojos: “Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala”.

Pero judicialmente la PGR no ha acusado a Sidronio Casarrubias de la desaparición y presunta muerte de los estudiantes, sino de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El 7 de noviembre Murillo convocó a una nueva conferencia de prensa para dar por resuelto el caso. Anunció la detención Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, cuyos casos de tortura también han sido retomados por la ONU.

Afirmó que confesaron haber recibido a los estudiantes, haberlos matado en el basurero de Cocula y haberlos quemado. Pero los tres supuestos confesos también habrían sufrido violencia sexual.

Sobornos

El 25 de febrero de 2015, Casarrubias denunció al juez que durante los primeros 30 días de prisión en El Altiplano fue visitado tres veces por funcionarios de la PGR para presionarlo.

La primera visita la hizo un funcionario de nombre “Abraham”, de quien no tiene los apellidos, la segunda la hizo Tomás Zerón y la tercera el procurador Murillo Karam.

‘Soy el procurador de la República Murillo Karam’, se habría presentado el funcionario quien fumaba nervioso.

“Sé que fuiste torturado”, le dijo, “y quiero que me digas si puedes reconocer por medio de la voz a las personas que te torturaron, porque esos que te hicieron eso también son unos criminales”.

“En ese momento me dice y me ofrece sesenta y seis millones de pesos, que yo le diga dónde están los estudiantes; yo le digo que no sé, como ya hice mención antes al señor Zerón y al señor Abraham”.

Al negarse a hacer el acuerdo, Murillo Karam lo habría amenazado: “Me contesta que me va a refundir por ochenta años en una celda solo, me amenaza y me dice que yo nunca voy a salir de la cárcel, que él sabe claramente que yo no soy culpable de los hechos que se me atribuyen”.

Después de la denuncia ante el poder judicial, el 27 de febrero de 2015 el procurador fue súbitamente removido del cargo.

Felipe Rodríguez Salgado, Gildargo López Astudillo, Patricio Reyes Landa y Magali Ortega Jiménez también denunciaron el ofrecimiento de dinero por parte de la PGR para que ratificaran sus confesiones obtenidas bajo presunta tortura.

López Astudillo acusó directamente a Gustavo Sala Chávez, titular de la SEIDO, de estar presente mientras lo torturaron frente a su familia, y de amenazar con matar a sus hijos y abusar de su esposa si no confesaba su culpabilidad.

Reclamo de la ONU

Además del caso de Casarrubias, Naciones Unidas tomó el de otros 12 detenidos, entre ellos García, Landa y Osorio. En una nueva carta enviada el 10 de julio de 2015 reclamaron sus detenciones arbitrarias.

“También expresamos seria preocupación con las alegaciones según las cuales la tortura -que incluye las violencias sexuales y las amenazas de violación a familiares- y los malos tratos tuvieron como propósito extraer confesiones forzadas y prefabricadas y que el uso de estos métodos no parece ser en casos aislados”.

En respuesta a las dos cartas enviadas por la ONU, la misión permanente de México en la ONU, en Ginebra, señaló que el 17 de diciembre de 2014 la PGR inició la averiguación previa 406/AP/DGDCSPI/14 por el delito de tortura contra quien o quienes resulten responsables por el caso de Casarrubias. Y por los otros abrió cinco expedientes para indagar los hechos de tortura y abuso de autoridad en 10 de los 13 detenidos a los que se refirió la comunicación de Naciones Unidas. Admitió que en las detenciones de las presuntas víctimas de tortura fueron detenidas por la policía.

Antes de publicar esta información se solicitó entrevista con los titulares de la Agencia de Investigación Criminal y la SEIDO para recabar su versión de los hechos sobre las imputaciones que les hacen, pero hasta el momento no se han concretado.

Respecto a Murillo Karam, quien ya no es servidor público, se trató de localizar un número de contacto en la oficina de la titular de la PGR pero ahí afirmaron que no tienen contacto con el exprocurador.