Sistema para despedir a profesores en California en manos de Corte de Apelaciones
Los demandantes alegan que el esquema actual afecta a las minorías, pero los detractores creen que al cambiarlo se eliminan derechos laborales de los profesores
Crédito: Archivo | La Opinión
En el centro de un fuerte debate nacional sobre la protección por antigüedad ofrecida por los sindicatos que representan a maestros, el caso Vergara Vs. California escuchó sus primeros argumentos en la Corte de Apelaciones de Los Ángeles.
Este famoso caso, que llegó a los tribunales en 2012, es una demanda estatal presentada por 9 escuelas públicas que alega que California quebranta la Constitución al retener a profesores que son ineficientes, negando a los estudiantes el derecho a una buena educación.
En el 2014 un juez de la Corte Superior en Los Ángeles determinó que los estatutos que rigen la permanencia, despidos y procedimientos de despidos de maestros sí protegían a un pequeño pero importante número de profesores “ineficientes”.
Ahora el gobierno estatal y la Asociación de Maestros de California (CTA) tratan de anular esa sentencia.
A partir de hoy y durante 90 días, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, con sede en Los Ángeles, escuchará los argumentos de ambas partes.
Por un lado, un grupo de estudiantes y padres de familia luchan para que el estado de California cambie el esquema de despido de profesores de escuelas públicas basado solo en la antigüedad laboral y no en su desempeño en las aulas, alegando que esto afecta desproporcionalmente a las minorías.
Por el otro, las organizaciones de docentes advierten que cambiar el sistema dejaría a los maestros a merced de los administradores que deseen despedirlos por motivos incluso distintos a los educativos. Para ellos, equivaldría a quitarles derechos laborales en lugar de abonar a su profesión.
En defensa del sistema
“Quieren eliminar todas las protecciones de los maestros para crear empleados a conveniencia que puedan ser despedidos por cualquier razón o sin motivo”, dijo el abogado defensor Michael Rubin, en una conferencia que CTA convocó antes de iniciar su nueva batalla legal contra el caso Vergara.
La activista Dolores Huerta indicó que esta demanda no está enfocada en mejorar el sistema educativo de California.
“La única manera como lo haremos es brindándole más apoyo a nuestros maestros, ellos necesitan salarios más elevados, menos alumnos y apoyo de los directores”, señaló.
Mientras que la profesora Gabi Ibarra, que por 19 años ha impartido clases, afirmó que este caso sólo trata de golpear a su profesión.
“Los maestros van a tener miedo de hablar y abogar por los estudiantes por la posibilidad de ser echados sin una audiencia justa”, mencionó.
En busca de un cambio
Pero los impulsores del caso Vergara opinan que la calidad pedagógica debe estar por encima de la antigüedad laboral a la hora de decidir qué profesor debe salir de un distrito escolar.
También abogan para que se elimine el caro y largo proceso de despidos y para que haya un sistema de evaluación.
Cada año, según el abogado Marcellus McRea, un promedio de 2.2 profesores son despedidos por deficiencia pedagógica, casi nada comparado con los 275,000 docentes registrados en California.
“Es un sistema terriblemente roto”, dijo McRea. “Las evidencias que hemos encontrado es que toma mucho tiempo, cuesta mucho dinero y es complicado despedir a los maestros ineficientes”, agregó.
Por esto, indica el grupo, los maestros que enseñan poco o mal sólo son cambiados de escuela.
Evelyn Macías, madre de una estudiante y quien es mencionada en el caso Vergara, contó lo que sufrió su hija porque se topó con docentes irresponsables. “Tuvo maestros malos cada año: en segundo, cuarto, sexto, octavo grado”, relató. “Mi hija lloraba todas las mañanas”.
Y cuando Macías se quejó ante el director del plantel, contó ella, ésta fue su respuesta: “No es tu hija, es el maestro, pero no podemos hacer nada porque tiene aquí más tiempo que yo”.
