Acusan a exagente de inmigración de aceptar $76,000 por papeles
Según las autoridades, entre 2012 y 2014 aceptó sobornos de siete personas indocumentadas que iban a ser deportadas a su país y mintió a sus superiores alegando en los expedientes que podían acogerse a un TPS
Detienen a dos colombianos por narcomenudeo. Crédito: Shutterstock
Las autoridades federales en Nueva Jersey presentaron el lunes cargos contra un exagente de inmigración acusado de solicitar y aceptar sobornos de varios indocumentados a cambio de un permiso de trabajo, según anunció la Fiscalía.
El hombre, identificado como Arnaldo Echevarría, trabajó como oficial de deportaciones en la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y está acusado de haber aceptado unos 76,000 dólares en sobornos de al menos siete inmigrantes a cambio de papeles.
De ser encontrado culpable, Echevarría se enfrenta a una pena máxima de quince años de cárcel y una multa de hasta 250,000 dólares, según detalló en un comunicado la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey, Paul Fishman.
Según las autoridades, entre 2012 y 2014 aceptó sobornos de siete personas indocumentadas que iban a ser deportadas a su país y mintió a sus superiores alegando en los expedientes que podían acogerse a un Estatus de Protección Temporal (TPS).
El TPS, que incluye un permiso de trabajo de un año, es un alivio migratorio que concede el Gobierno a personas que huyen de conflictos armados y desastres naturales, como ha ocurrido con varios países centroamericanos afectados por huracanes y temblores.
La fiscalía aseguró también que el hombre mantuvo relaciones sexuales con al menos dos de las supuestas víctimas, una de las cuales se quedó embarazada, a la que pidió que abortara pero la mujer se negó, según los investigadores.
Finalmente, Echeverría está acusado de un cargo por “esconder” a una inmigrante sin papeles con la que mantenía una relación sentimental y quien trabajó de manera ilegal en una peluquería de su propiedad en la localidad de West Orange.
Esa mujer pudo entrar al país de manera ilegal usando el nombre y la identificación de una puertorriqueña con el apoyo del acusado, quien mantuvo en secreto su estatus migratorio poniendo a su nombre el alquiler y las facturas de luz y cable, según la fiscalía.
