Editorial: Hay que proteger a las familias

El nuevo interés del gobierno federal de procesar con más rapidez en los tribunales de inmigración los casos de madres e hijos centroamericanos que buscan refugio, huyendo de la violencia de la región, tiene todo el potencial de conducir a una mayor deportación de familias.

Un memo interno del Departamento de Justicia de la semana pasada mantiene como primera prioridad el procesamiento de los menores que llegaron solos provenientes de América Central y en segundo lugar a los que vienen con adultos, usualmente con sus madres. Sin embargo, el memorandum le da a los jueces un mayor tiempo para procesar los menores solos, acelerando de hecho la consideración de los casos de familias.

El proceso en el tribunal de inmigración está desprovisto de las protecciones que se otorgan al procesado en un tribunal común. El hecho que ni siquiera tengan derecho a un asesor legal condujo aberraciones en una sociedad que se presta de ser justa. Cómo explicar sino el que se lleven ante el juez niños en edad de jugar en un patio escolar, para que se defiendan en un proceso legal, que ya es complejo por naturaleza, contra adultos que quieren deportar.

Esto ha conducido a numerosas acciones de distintos sectores para proveer a estos menores de edad asistencia legal gratuita para que puedan defenderse. La semana pasada, por ejemplo, varios senadores demócratas presentaron el proyecto de ley Fair Day in Court for Kids Act, destinado a garantizar que los menores y los individuos “más vulnerables” (personas con discapacidades o víctimas de abusos tortura y violencia) tengan abogado, además de programas de orientación legal y servicios para después de ser puestos en libertad.  Esta medida sería de una gran ayuda aunque difícilmente pueda ser aprobada sin respaldo republicano en momento que hay más interés en ese partido en la deportación que en la justicia.

Lo preocupante del memo, al ver de los abogados de inmigración, es que resultará en una deportación más rápida de grupos familiares. Según las cifras de TRAC, un centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, el 86% de las mujeres con hijos que han venido de Centroamérica  en los dos últimos años no tiene representación legal.

Es preocupante la situación de los menores de edad, pero hoy una urgencia para proteger en el proceso de deportación a madres e hijos que hoy son el blanco de las redadas.