México, en la lista negra

El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre México es demoledor, no por su novedad sino por su contundencia.

Confirma lo que a diario aparece en los medios en cuanto a la situación extrema de inseguridad y violencia que se vive en el país, aunada a la falta de acceso a la justicia y a la impunidad con que se cometen todo tipo de atrocidades, desde desapariciones forzadas hasta tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Luego de visitar durante cinco días varias entidades como el D.F., Coahuila, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Veracruz, donde se entrevistaron con funcionarios, víctimas y miembros de la sociedad civil, los comisionados concluyeron que la crisis de derechos humanos es gravísima.

Y como ejemplos citaron los horrores de Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán y, desde luego, Ayotzinapa. El resultado los llevó a la decisión de incluir a México en el llamado capítulo 4, es decir, la “lista negra” de los países de la región donde se encuentran Cuba, Venezuela y Honduras.

Como era de esperarse, el reporte dio lugar a una seria discrepancia entre la CIDH y la administración de Peña. El eje del desacuerdo consiste, fundamentalmente, en que mientras los representantes del organismo humanitario consideran que casos como el de Ayotzinapa no son tragedias aisladas sino parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, el gobierno mexicano insiste en que “México no es Iguala”.

Tanto el presidente del Senado, Roberto Gil Zuath, como el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, reiteran que el caso de Ayotzinapa no refleja la situación del país y subrayan que no pueden aceptar que el Estado mexicano esté fallando de manera sistemática y generalizada en la defensa de los derechos humanos.

La irritación que ha generado en el gobierno mexicano el reporte de la CIDH ha sido todavía más fuerte porque los enviados de ese organismo fueron a México invitados por Peña. El mandatario y su equipo creían, ilusamente, que iban a poder controlar a los visitantes o que los iban a impresionar con la enorme cantidad de reformas estructurales y de leyes que se han aprobado para mejorar el acceso a la justicia.

Desafortunadamente, la brecha que existe entre la realidad y la teoría es abismal. De nada sirve que se aprueben todas esas reformas legislativas si nadie las cumple y el país sigue inmerso en la vorágine de violencia, corrupción e impunidad que se agravó desde que se inició la llamada guerra contra las drogas.

Si de verdad México desea que el reporte final que hará la CIDH sea menos negativo debe empezar por reconocer que, hasta ahora, en materia de derechos humanos simplemente está reprobado.