Deportados con salida voluntaria empiezan a regresar

No fue hasta el 15 de septiembre, cuando José Ortiz Cruz puso pie en territorio estadounidense, que comenzó a creer. El era uno de los miles de inmigrantes deportados, obligados a firmar la salida voluntaria, a quien el acuerdo judicial alcanzado con la demanda colectiva López-Venegas contra Johnson, había beneficiado.

“¡No lo podía creer!, exclama con una amplia sonrisa mientras a su lado, su esposa Nancy, una ciudadana estadounidense, su padre Fortino, un residente legal,  y su hijo Manuel de cuatro años, nacido en Estados Unidos, lo escuchan con atención.

En junio de 2013, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y Sur de California, y el bufete de abogados Cooley LLP entablaron una querella colectiva a nombre de nueve demandantes injustamente expulsados de EEUU, y del centro de Jornaleros de Pomona, el Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). En febrero de este año se alcanzó un acuerdo para que pudieran regresar a presentar recursos legales que les permitieran arreglar su estatus migratorio.

La falta de licencia le cuesta la expulsión

A Ortiz Cruz, la policía de Fontana lo detuvo el 19 de mayo de 2013 porque no le funcionaba una luz trasera de su auto. Pero por no traer licencia de manejo terminó en la cárcel de West Valley en Rancho Cucamonga, donde pasó la noche. Le habían dicho que al día siguiente vería a un juez de tránsito. A quien en realidad vio fue a los agentes de migración que llegaron por él para llevarlo a Tijuana. “Yo me sentía aturdido, no supe ni lo que firmé. En 24 horas me sacaron del país. Tuve mucho miedo de no volver a ver a mi hijo (entonces) de dos años y mi esposa”, dice.

Este inmigrante mexicano de 33 años había llegado al país a los 18 años, y llevaba años en espera de que USCIS resolviera la petición de residencia 245(i) que hizo su hermano mayor antes de 2001.

Sin esperanza alguna, Ortiz Cruz decidió instalarse en Tijuana. Al mirar un noticiero de televisión se enteró de la demanda colectiva originada por el caso de Isadora López Venegas, quien bajo presión fue expulsada del país. Con la ayuda de su esposa llamó a ACLU  y se dio cuenta que calificaba para la demanda.

“Me obligaron a firmar la salida voluntaria, no me permitieron ver a un juez de migración, no intenté regresar y mi expulsión se dio entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014”, recuerda.

Ortiz Cruz y su esposa juntaron todos los documentos para probar su residencia en el país en los últimos 10 años. “El 21 de agosto me llamaron de ACLU para decirme que había calificado y podía regresar al país. Estoy muy agradecido con ellos porque no tuve que pagar un centavo”, cuenta.

Los errores cometidos por autoridades migratorias

Emilio Amaya, director del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, dice que entre las irregularidades más frecuentes contra los inmigrantes que llevaron a la demanda, fueron que para presionarlos a firmar la salida voluntaria, les dijeron que no tenían derecho a un abogado, que podrían pasar meses detenidos antes de ver a un juez, los amenazaban con que podían ir a detener a algún familiar, o que no les afectaba y no habría castigos para regresar. “Los expulsados eran gente que tenía un trámite migratorio pendiente a través de algún familiar, o más de 10 años en el país con familiares inmediatos residentes legales o ciudadanos que los podían ayudar, o quienes entraron al país cuando eran menores de 16 años y fueron expulsados en 2012, y calificaban para DACA”, comentó.

Llamen cuanto antes para ver si califican

Ortiz Cruz hizo un llamado a los familiares de los inmigrantes que hayan sido expulsados del país y obligados a firmar la salida voluntaria, para que vean si ellos califican. “Estamos contra reloj porque Migración tiene hasta el 23 de diciembre para aceptar solicitudes bajo la demanda López-Venegas“, dijo.

Anna Castro, portavoz de ACLU San Diego, precisó que hasta el momento han regresado 10 personas bajo el acuerdo, y nueve que fueron parte de la demanda. “En total 19 personas, hasta este momento han sido beneficiadas”, relató.

Cuántas personas califican

“Sabemos que aproximadamente 200,000 personas fueron expulsadas a México desde San Diego por la Patrulla Fronteriza y el área de Los Ángeles por ICE durante el período que comprende este acuerdo, el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014”, indicó.

Ahora busca regularizar su situación

Ortiz Cruz tiene un permiso de un año para estar en el país y pelear su caso. La autorización no incluye un permiso de trabajo. En cuanto junte el dinero para pagar a un abogado, piensa presentar una solicitud de residencia a través de su esposa Nancy, nacida en el país, con quien ha estado casado por cinco años. La pareja tiene dos hijos nacidos en California, Manuel de 4 años y Cruz de 10 meses. Al mismo tiempo tiene otra solicitud de residencia a través de su hermano mayor.

INFORMACIÓN

Para saber si calificas para la demanda López-Venegas, visita la página en Internet: http://www.misalidavoluntaria.org

También pueden llamar al 619-398-4189 de los Estados Unidos y 01-800-681-6917 desde México.