Las 8 exigencias de los padres de los 43 que Peña Nieto no atendió

CIUDAD de MÉXICO – La reunión del presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó ocho huecos. El mismo número de exigencias que llevaron los padres a solicitar el encuentro tras un año de la desaparición de sus hijos pero que no tuvieron respuestas inmediatas.

“Fue improductiva y superficial”, resume Vidulfo Rosales, representante legal de las familias. “Insuficiente”, a decir de Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional.

Independientemente de la viabilidad de las demandas, analistas y legisladores observan que tres de las demandas son obvias y no necesitan atención: el reconocimiento de la legitimidad del movimiento de padres de familia  y mantener abierto el caso (el presidente dijo que no dará “carpetazo”) así como el “respeto” a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y cese a la “estigmatización” de los estudiantes.

“Ellos son los padres y tienen un movimiento junto con los estudiantes de la escuela,  eso no se cuestiona. Sin embargo, también son actores del caso y se les debe de cuestionar”, alertó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal.

Por otro lado, entre las peticiones más concretas se encuentran: la creación de una unidad especial de investigación para el caso. El problema en este punto es que se exige sacar de la investigación a la propia fiscalizadora; es decir, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Agencia de Investigación Criminal.

“Eso es legalmente absurdo”, agrega Ortega.

Peña Nieto respondió al respecto que se creará una fiscalía que investigue no sólo el caso de los normalistas, sino a todos los desaparecidos del país, pero esto disgustó a los padres.

“Lo rechazan categóricamente”, advirtió Rosales. “El caso de los normalistas es particular y esa atención requiere”.

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Desde el congreso, la diputada María Guadalupe Murguía, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondió parcialmente a la petición de las familias para que éste permanezca un año más en el país.

“Estamos revisando las conclusiones, los resultados y las averiguaciones del grupo para ver qué sigue”.

El GIEI cuestionó la semana pasada los resultados de la averiguación de la Procuraduría General de la República (PGR) y concluyó que no era viable que los estudiantes hubieran sido quemados en un basurero del municipio de Cocula y que no había evidencia de que los restos encontrados en un río procedieran de ese basurero.

Entre las exigencias más concretas y relativamente sencillas se encuentran: aplicar el uso inmediato de tecnología para la atención “digna e inmediata a los heridos” y familiares de las personas que fallecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 y la comunicación con las víctimas al momento de darse a conocer actualizaciones en el caso.

La más intangible y de largo plazo: acciones contra la impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.