Editorial: Los menores deben ser liberados
El gobierno no respeto el Acuerdo Flores y usa a los detenidos como disuasivo.
Niños migrantes en albergues de EEUU. Crédito: Getty Images
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La justificación del gobierno federal para violar las normas en la detención de los menores de edad inmigrantes no es válida. Los últimos argumentos en favor del encierro no aportan nada nuevo, por lo tanto los niños y jóvenes deben ser puestos en libertad para el próximo 23 de octubre.
La conclusión de la jueza federal Dolly M. Gee emitida el viernes pasado fue terminante. Por segunda vez la magistrado determinó que con la detención de los menores el gobierno estaba violando partes del Acuerdo Flores de 1997. En este caso anterior se estableció que los menores sean ubicados con un pariente o en sitio apropiado de custodia, que no sea de seguridad como un encierro, dentro de los cinco días de su detención. El tiempo puede ser mayor si la cantidad de menores es muy grande, pero debe ser lo más rápido posible de acuerdo a la ley.
La jueza había mencionado a principios de agosto que “las condiciones en la celdas eran atroces” y que no cumplían con las exigencias de “seguridad y sanidad”.
Los argumentos del Departamento de Justicia no agregaron nada, que no pueden realizar su labor en cinco días y que la detención prolongada es un disuasivo para evitar que otros menores, solos y con sus madres, vengan a Estados Unidos.
Esta última justificación es inaceptable en todo sentido. La mayoría de esta familias y menores tienen casos sólidos para el asilo según los estimados gubernamentales, pero en vez de ser tratados individualmente, el gobierno alega que los tiene encerrados para hacer un ejemplo de ellos que desaliente a otros.
El gobierno federal desde el primer momento se negó a implementar el Acuerdo Flores con los miles de menores de edad que vinieron solos y con sus madres, huyendo de la violencia de Centroamérica. Las presiones del discurso anti-inmigrante ya existentes, que se incrementaron con la elección primaria republicana, no deben afectar decisiones gubernamentales que ya tienen un procedimiento preestablecido por más de una década.
Es hora de hacer lo correcto, liberar a estos menores de acuerdo a cada caso, en vez de no respetar normas para usarlos como un disuasivo de otros.
