Muerte de Christopher entre la miseria, violencia e impunidad en Chihuahua

El estado de Chihuahua se colocó en la semana que hoy termina en el ojo público, y no precisamente por las mejores razones. La noticia de la muerte de un menor de seis años a manos de cinco adolescentes alertó a la sociedad y organizaciones civiles sobre el clima de violencia y omisiones que permean en la entidad que gobierna el priista César Horacio Duarte Jáquez.

La tarde del sábado 16 de mayo, el cuerpo del menor Christopher Raymundo Márquez Mora fue localizado sin vida en un arroyo de la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Chihuahua, después de permanecer dos días desaparecido.

Cinco adolescentes (de entre 11 y 15 años de edad), presuntamente integrantes de una pandilla, asesinaron a golpes y con una saña brutal a Christopher en una colonia apartada de la mancha urbana, en la zona aledaña al Centro de Readaptación Social San Guillermo, al sureste de la capital del estado.

Para activistas y expertas en materia de contención de violencia en Chihuahua, el diagnóstico es claro: el crimen cometido por cinco menores de edad en contra de otro niño es sólo un “reflejo” de la sociedad violenta, impune y empobrecida en la que se ha convertido la entidad norteña desde más de 20 años.

César Duarte Jáquez llegó al poder el 4 de octubre de 2010, con la promesa de convertir a Chihuahua en uno de los estados más seguros del país; su antecesor, el también priista José Reyes Baeza Terrazas, le heredó una entidad sumida en pobreza, deuda pública y violencia, enmarcada ésta última por cientos de feminicidios en Ciudad Juárez.

Duarte Jáquez tenía el poder de revirar la historia y convertirse en el Gobernador que sacara a Chihuahua de los peores conteos en el mundo, pero no lo hizo.

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“Sellaste tu destino el día de tu toma de protesta, cuando insultaste a Reyes Baeza y a todo su equipo, dijiste: ‘el poder es para poder’ y antes de un mes, en tus narices, a sangre fría asesinaron a una mujer desarmada en la puerta de tu propia oficina. No es cuestión de haber atrapado al culpable. Esa mujer debería estar viva César, igual que tantos inocentes hombres, mujeres, niñas y niños que han muerto bajo el impacto de balas que no has tenido ‘poder’ para evitar que se disparen”, dice un fragmento de una carta de un ciudadano al Gobernador que circula en redes sociales y que se ha difundido en varios medios.

Éste y otros reclamos que han hecho los chihuahuenses a César Duarte son, a decir de analistas consultados por SinEmbargo, “producto de una sociedad lacerada por la delincuencia y la impunidad de las autoridades”; y es que a pesar del apoyo que Chihuahua ha recibido por parte de los gobiernos federales, la violencia no ha disminuido en la entidad.

Luego de que el 30 de enero de 2010 se registró una masacre la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, donde un grupo de sicarios abrió fuego en contra de tres domicilios y asesinó a 15 jóvenes que celebraban una fiesta, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó junto con la sociedad juarense –y los gobiernos estatal y municipal– la “Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”, con un objetivo claro: reconstruir el tejido social de la ciudad para poder enfrentar con éxito el problema de la criminalidad y la violencia, de acuerdo con el programa marcado en la agenda del ex presidente.

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Sin embargo, la estrategia no fue suficiente. La historia de violencia que se registró entre 2008 y 2012 en Chihuahua, donde se cometieron más de 10 mil homicidios atribuidos a la disputa del crimen organizado por el territorio, convirtió a la entidad en la más violenta de México, registrando, tan sólo en 2010, más de 3 mil 500 asesinatos.

En ese contexto de violencia e impunidad, en la entidad se han registrado cada vez más casos en los que menores de edad cometen crímenes ya sea contra adultos u otros niños. Tal fue el caso de una joven de 17 años, identificada como Ana Carolina, detenida en mayo de 2013 como probable responsable del homicidio de sus padres adoptivos en Chihuahua y que contó con la ayuda de dos adolescentes más que le ayudaron a asesinar a su familia y a calcinar y abandonar los restos.

Otro caso ocurrió en febrero de este 2015, otros tres menores de edad –de 15, 16 y 17 años y presuntos integrantes de una pandilla– fueron detenidos en Juárez como probables responsables del asesinato de Irving Reyes González, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados enterrados en una fosa de una casa ubicada en la zona centro, envueltos en una cobija. Todos estos casos ocurrieron durante la administración de César Duarte.

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La violencia que atraviesa la entidad también se refleja en las estadísticas. En el informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014”, elaborado por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, figuran una decena de ciudades mexicanas, entre ellas, dos de Chihuahua: la capital y Ciudad Juárez.

La ciudad de Chihuahua ocupó el lugar 43 con 298 homicidios, en tanto que Ciudad Juárez se ubicó en el lugar 27; el documento destacó que ésta última fue la única de las ciudades mexicanas cuya tasa de homicidios dolosos aumentó de 2013 a 2014, al pasar de una tasa de 37.59 a una de 39.94 por cada 100 mil habitantes.

A cuatro años y siete meses de su gestión, César Duarte no ha podido revertir la violencia en Chihuahua. Los casos mencionados son sólo una radiografía de su administración, una alerta de que si no actúa ahora podría convertirse en el “peor” Gobernador en la historia del estado, coinciden analistas.

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El banco unión y la representación ciudadana 

En septiembre del año pasado, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.

El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida; sin embargo, el Senador panista Javier Corral Jurado asegura que “Cesar Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos. El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”.

El mes pasado, activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal que se tienen abierta en contra del Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.

A esta acción se han unido cientos de chihuahuenses, que han salido a las calles para manifestarse en contra de estas irregularidades; sin embargo, la represión por parte del gobierno se ha hecho presente en cada marcha, acusaron los miembros de la Unión Ciudadana. Un ejemplo, señalaron, sucedió el pasado 26 de febrero donde se registraron agresiones hacia los miembros de la organización.

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El pasado 14 de mayo, ciudadanos, activistas, académicos y senadores de la República denunciaron en la Cámara de Diputados la represión que ejerce el Gobernador de Chihuahua, hacia la organización Unión Ciudadana de Chihuahua.

Integrantes de la red de testigos sociales que observa las acciones civiles pacíficas de la organización advirtieron al Gobernador Duarte que no tolerarán que vuelva a utilizar a su red de golpeadores profesionales en contra de personas que se manifiestan de forma pacífica.

Los integrantes de esta red de observadores ciudadanos recordaron que el pasado viernes 8 de mayo, un grupo de priistas comandados por una mujer llamada Reyna Arellano, líder seccional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la colonia Cerro Prieto, agredieron físicamente a un reducido grupo de chihuahuenses que se manifestaban frente al edificio de la Secretaría de Hacienda estatal.

El propósito era reunirse para realizar “una barrida a la corrupción” en la dependencia cuyo titular Jaime Ramón Herrera Corral, juega el doble rol de secretario de Hacienda estatal y director de Banco Progreso.

Analistas indican que los casos de corrupción y violencia mantienen al Gobernador César Duarte en una crisis de credibilidad. La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, es el elemento que destacan al hablar de la descomposición social de Chihuahua.