EEUU da las armas y recibe las drogas

Por lógica, el tema de control de armas en EE.UU. es importante para el público estadounidense por las muertes que ocurren en ese país a manos de criminales o desequilibrados mentales, que no debieron tener acceso a comprar una pistola o, peor aún, un fusil de asalto. Pero, ¿qué ocurre con los homicidios perpetrados en México y Centroamérica, con armas compradas en EE.UU. y llevadas de contrabando a esta región?

Lo que parte del público y el gobierno estadounidenses no percibe es que (1) la mayoría de las armas transportadas de contrabando hacia Latinoamérica acabarán en manos de narcotraficantes; (2) que esas armas sólo incrementan la capacidad de los narcotraficantes para transportar la droga hacia EE.UU., y (3) que EE.UU. suma 1.5 consumidores sólo de cocaína, y que hay al menos 16 mil muertes anuales sólo por consumo de drogas ilícitas (cifra que no incluye homicidios vinculados con distribución, o perpetrados bajo el efecto de drogas).

Estas muertes se suman a las cerca de 32,200 muertes por arma de fuego en 2012 en EE.UU. (cifra que incluye suicidios). Nada de esto aparece en el radar cuando se discute el tema de control de armas en Estados Unidos—salvo en algunos informes del Senado.

En el Discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama, del 12 de octubre, el mandatario pidió un voto para las víctimas de las armas de fuego empuñadas por los criminales o desequilibrados.

Pero, ¿quién pide un voto para las víctimas mexicanas, guatemaltecas, beliceñas, hondureñas y hasta panameñas acribilladas con armas estadounidenses transportadas de contrabando? Está claro que el Discurso del Estado de la Unión no era la ocasión para pedirlo, pero, ¿habrá alguna ocasión para hacerlo?

Parece que la única ocasión cuando interesó qué sucedía con las armas estadounidenses al otro lado de la frontera sur de EE.UU., fue cuando en 2011 explotó el escándalo del programa “Rápido y Furioso”: se descubrió que narcotraficantes usaron dos de las armas que el ATF “dejó pasar” hacia el sur (para rastrearlas hasta manos de traficantes), entre 2006 y 2011, para asesinar a dos agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Pero, ¿son efectivos estos programas?

Quién sabe. Para Latinoamérica, seguro no lo son. De las dos mil armas contrabandeadas, sólo 710 fueron localizadas. Además, pocos traficantes fueron detenidos. En 2009, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció orgullosamente que el programa “Armas Cruzadas” había rastreado 23 armas de fuego, de las cuales sólo pudo decomisar cinco. Otras 18 acabaron en manos de narcotraficantes en Guatemala.

En México, el 90 por ciento de las armas decomisadas entre 2011 y 2012 fueron compradas en EE.UU. y llevadas de contrabando a México. En Guatemala, se estima que un 34 por ciento de las armas decomisadas llegaron a ese país de la misma forma. En tres casos, los traficantes compraron las armas en Tennessee, Kansas y Texas. Varios casos más documentan la vinculación de las armas al narcotráfico. Es decir, esas armas sirvieron para proteger cargamentos de droga transportados hacia EE.UU., donde, hasta hace algunos años, sólo se lograba decomisar el 12 por ciento de las drogas trasegadas por su frontera sur.

Una vez en EE.UU., el uso o venta de las drogas ilícitas le cuesta al gobierno cerca de $193 millardos anuales en gastos de salud, procesos judiciales y pérdida de productividad. Sólo el sistema de justicia gasta unos $56 millardos anuales en procesar casos vinculados con drogas.

Estas cifras deberían ser suficiente para que el contrabando de armas estadounidenses hacia Latinoamérica sea parte de la discusión, en EE.UU., acerca del control de armas. Si no lo son por la violencia desatada en el resto del continente, que lo sean por sus intereses nacionales. Pero ojalá se entendiera que esos intereses hacen mancuerna con la meta de disminuir la violencia más allá de su frontera sur. Simplemente dicho, es un gana-gana. Ojalá Obama pudiera entenderlo así.