Caen funcionarios en Guerrero tras muerte de dos estudiantes
Gobernador destituye al procurador estatal y al secretario de seguridad pública
Familiares del estudiante Gabriel Echeverría, abatido el lunes durante una protesta, velan su cadáver en Chilpancingo, México. Crédito: EFE
MÉXICO, D.F.- Un video que hizo público ayer la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero mostró la golpiza que el lunes dieron policías a estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, durante la represión a una protesta que terminó con dos muertos.
El documento visual grabado por la cámara de control de Comando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal busca demostrar la participación de la policía federal para dispersar a más de 500 inconformes que fueron atacados a balazos en medio de un zafarrancho que ya costó el puesto a los más altos mandos de seguridad en el estado.
El gobernador Ángel Aguirre, que asumió el cargo en enero de 2011, informó que destituyó al procurador de Justicia, Alberto López Rosas; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte; y al subsecretario de Seguridad, Ramón Arreola.
“Queremos que la sociedad conozca la mayor cantidad de información posible”, dijo el vocero del gobierno guerrerense, Arturo Martínez, al presentar un material visual editado a siete minutos desde un original de una hora. “Daremos a conocer más”.
El pasado 12 de diciembre, normalistas bloquearon la Autopista del Sol que conecta a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco.
Exigían más de los tres dólares que a diario reciben para desayuno, comida y cena en uno de los días clave en 2011 para el turismo local, pues banqueros y algunos burócratas y colegios particulares tomaron el lunes 12 como puente vacacional por las celebraciones guadalupanas.
“Estamos hartos”, argumentaron en sus consignas donde asomaron algunos males generalizados en el país: una autoridad sorda a peticiones sociales. Los muchachos pedían como cada año un presupuesto que alcanzara para los 500 alumnos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, una de las 16 que existe en el país y que tiene como condición irrefutable que los inscritos sean hijos de familias campesinas pobres.
En noviembre pasado bloquearon el paso al palacio de gobierno en Chilpancingo, la capital estatal, y el 12 de diciembre fueron por más: a la carretera en cinco camiones. Cargaron piedras, cohetones y bombas molotov, cortaron el acceso carretero y cuando llegaron los policías federales estatales y ministeriales para desalojarlos se resistieron.
De acuerdo con testimonios difundidos por la prensa local, algunos policías no portaban el uniforme (posiblemente para generar confusión).
Entre ellos había un hombre vestido con una camisa de rayas blancas y verdes que sacó un arma corta y empezó a disparar mientras algunos policías federales lazaban bombas de gas.
Con la evidencia videográfica en poder del gobierno guerrerense se cree que la explosión de tales artefactos prendió el fuego de una máquina despachadora de combustible que lesionó con quemaduras de tercer grado a un empleado de la gasolinería.
Otras versiones señalan que fueron los estudiantes quienes provocaron el incendio.
En la escaramuza cayeron muertos los alumnos Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“La orden del gobernador es restablecer la paz”, respondió el procurador López Rosas tras los hechos donde las autoridades locales no quedaron bien paradas.
El subsecretario de seguridad, Ramón Arreola, fue un actor activo en la represión: en los videos de los enfrentamientos aparece con la cara manchada de sangre y a la defensiva. “Debíamos desalojar a esta gente”, dijo.
López Rojas culpó al normalista Gerardo Torres Pérez, de 19 años, de portar una arma AK 47, y de ser una persona con “intereses ajenos a la movilización”.
La versión la contrapuntearon los estudiantes. En rueda de prensa pidieron juicio político para el gobernador, un exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se hizo por segunda vez del poder cuando se mudó al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Tenemos dos muertos, siete heridos y 27 desparecidos”, dijo el vocero de los que fueron reprimidos, Édgar García, quien informó también que no negociarán más con el gobierno del estado y, por el contrario, realizarán más movilizaciones.
En la Cámara de Diputados federal, los legisladores condenaron los hechos y guardaron un minuto de silencio por los estudiantes fallecidos que en unos años iban a ser profesores en el estado, donde una tercera parte de su población de 3.4 millones de habitantes no terminó la educación primaria.
